ella.grajeda@eluniversal.com.mxjorge.medellin@eluniversal.com.mxLas mafias administrativas no sólo operan en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal (RPPC), falsificando documentos y haciendo cobros inexistentes para las arcas de la ciudad; también alteran registros, suplantan personalidades y roban propiedades de gente fallecida para luego venderlas a terceros con la ayuda de notarios públicos.
José Eduardo Torres Valdés vive esta situación desde hace casi cuatro años. El asesinato de su hermano, ocurrido en noviembre de 2004, lo convirtió en heredero único del inmueble ubicado en Rancho Pampas 46, en el fraccionamiento Santa Cecilia, al sur de la capital.
El 1 y el 14 de junio de 2005 solicitó al Registro Público de la Propiedad dos libertades de gravamen que salieron a nombre de su hermano Julio Torres Valdés. Pero al recibir la tercera libertad de gravamen, se encontró con que la casa tenía un nuevo dueño: Jesús Pérez Olguín.
Este despojo, como lo califica Eduardo Torres, fue posible “porque personal del Registro sembró dentro del folio una anotación donde aparecía como dueño Jesús Pérez Olguín”.
El señor Torres hizo la denuncia de hechos en 2004 en la Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán, quedando en la averiguación previa FCH7CUH-573702137/05-09.
También denunció lo ocurrido en el Juzgado 19 de lo Civil, en donde el expediente 592/07 del caso está a cargo de la licenciada Maricela Cruz Sánchez.
Eduardo asegura que hay un grupo de servidores públicos en el RPPC “coludidos con la mafia, a su vez dirigidos por un tal Baltasar González Cruz, quien efectúa sus fechorías coludido con el licenciado Raúl Sicilia Alamilla, el cual está a cargo de la Notaría número 1, localizada en el estado de Hidalgo”.
