alejandro.cuenca@eluniversal.com.mxCon el argumento de que no forma parte de sus facultades, autoridades capitalinas que integran el Comité Central de Obras del Distrito Federal dijeron que no pueden imponer limitaciones definitivas a empresas de Carlos Ahumada, para que participen en licitaciones de obra pública, ni eliminarlas del registro de proveedores del gobierno local.
Para sustentar su dicho, esas autoridades dijeron que las limitaciones son una facultad de la Contraloría General del GDF. Así, al menos 20 empresas ligadas al empresario de origen argentino fueron reincorporadas hace un mes al registro de personas físicas y morales de la administración local, pues la inhabilitación que se les había impuesto ya concluyó, con todo y que en su momento estuvieron sujetas a procesos penales por daños al erario público que alcanzaron los mil millones de pesos.
El pasado 27 de febrero se llevó a cabo una reunión de ese Comité de Obras, y en el punto 7 del orden del día se ofreció a los asistentes un reporte de las empresas que tienen limitaciones para celebrar contratos de obra pública; al mismo tiempo, se entregó una lista de las compañías que ya cumplieron con sanciones y que ahora pueden participar otra vez en concursos de obra. EL UNIVERSAL tiene copia de esos documentos, así como de lo que se dijo en dicha reunión.
Durante el encuentro, la red de contralores ciudadanos que participan con voz y voto en el mismo comité hizo mención de la información publicada por este diario el pasado lunes 25 de febrero, en el sentido de que a casi cuatro años de los videoescándalos que cimbraron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la administración capitalina —ahora bajo el mando de Marcelo Ebrard— volvió a incluir a empresas vinculadas con Carlos Ahumada en la lista de proveedores del gobierno local, lo que les permite participar en procesos de licitación y concursos para la adjudicación de contratos.
Con base en esa información, la red de contralores ciudadanos planteó el pasado 27 de febrero la necesidad de establecer medidas para sacar definitivamente a las empresas de Carlos Ahumada del padrón de proveedores, pues dicho comité tiene esas facultades de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Obras. Sin embargo, el secretario técnico de ese comité, Mario Valdés, argumentó que no era posible atender dicho planteamiento, pues depende exclusivamente de la Contraloría General del gobierno del Distrito Federal.
Por lo pronto, sólo cinco empresas vinculadas con Carlos Ahumada tienen limitación para participar en contratos de obra, y son Jori Construcciones, Grupo Constructor Vame, Ingeniería Diseño y Construcción Banda, Construcciones Vimarve, y Constructora El Naranjo. En el caso de esta última, la inhabilitación concluirá en agosto próximo, a pesar de que fue de las empresas que participaron en un presunto fraude contra la delegación Gustavo A. Madero por 31.2 millones de pesos.
Sobre este tema, en una nota informativa generada por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de la ciudad, se argumenta que independientemente de lo que aparezca en el padrón de proveedores, las áreas de gobierno deben abstenerse de contratar a empresas cuyo impedimento se encuentra vigente o con reporte de atraso, mala calidad o deficiencias.
Además, se dijo, corresponde también a las áreas contratantes, evaluar y decidir cuáles son las empresas que ofrecen solvencia, experiencia y capacidad para llevar a cabo obras, pues estar incluido en el registro de concursantes de la Secretaría de Obras del Distrito Federal, no obliga a la contratación automática de las compañías ahí relacionadas.
