claudia.bolanos@eluniversal.com.mxDespués de la muerte de una adolescente, de 15 años, durante la práctica de un aborto en un hospital de la ciudad de México, es necesario dar opciones seguras a las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado.
Es por ello que la diputada Margarita Martínez Fisher, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pretende que “descongelen” la iniciativa de ley de protección a la maternidad que presentó el año pasado, para dar ayuda médica y un apoyo económico a aquellas que no tuvieran dinero para mantener a un hijo.
Además, al considerarse en la ciudad de México que el aborto es castigado posterior a los 12 semanas de gestación, dijo que tanto el médico como la madre de la joven que murió, deben ser sancionados.
Vianey, con 16 semanas de gestación, murió el pasado 16 de febrero, cuando era intervenida por un médico que no le realizó un ultrasonido para determinar que en realidad tuviera los tres meses de embarazo, como lo estipula la ley.
Dicho código contempla una sanción menor, pero que sin embargo contempla hasta 3 años de cárcel, con lo cual el acusado podría alcanzar fianza.
Hasta el momento, el galeno fue separado de su trabajo y además de enfrentar un proceso ministerial, es objeto de una investigación de corte administrativo.
Pero más allá de sanciones, la asambleísta indicó que es necesario dar opciones seguras a las mujeres embarazadas que piensan en el aborto.
“Es necesario que en materia de política pública les demos alternativas. Yo presenté una iniciativa de protección a la maternidad que no pasó de las comisiones de Asistencia Social, Equidad de Género, y Salud, quienes dejaron ir los 30 días para revisarla y no ampliaron el plazo que les permitía llevarla hasta los 90 días”.
Ahora, dijo que pedirá a la Comisión de Normatividad Legislativa hacer la revisión luego de la muerte de la joven.
