erika.perez@eluniversal.com.mxLos habitantes del Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, acordaron que emprenderán dos vías para luchar contra el incremento en el cobro del predial: la vía judicial con la promoción de amparos, y la administrativa a través de juicios de nulidad.
María Andrea Ibáñez, representante vecinal de dicha colonia, explicó en entrevista que el plazo que fijaron al gobierno del DF no sirvió para obtener una respuesta satisfactoria “lo único que conseguimos es que nos dieran un plazo a pagar de seis meses sin intereses”, acusó.
La dirigente vecinal dijo que ante la falta de respuesta del gobierno del Distrito Federal (GDF) acudirán al Poder Judicial ya que interpondrán amparos, pero también lo harán por la vía administrativa donde promoverán juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Dijo que han comenzado a coordinarse con vecinos inconformes de otras delegaciones como en Miguel Hidalgo —donde están representados Polanco y Lomas de Chapultepec— y en Coyoacán —donde las colonias Romero de Terreros y Pedregal de San Francisco también están inconformes—.
Por lo pronto, aseveró, que la estrategia jurídica será llevada a cabo por los habitantes de Jardines del Pedregal y previó que se promuevan entre 500 y mil amparos.
En los próximos días continuarán las reuniones con los demás vecinos para afinar los planes a seguir.
“Pareciera que hay un contubernio entre el gobierno y algunas inmobiliarias porque el espíritu de la ley es pulverizar los predios porque va a ser difícil que la gente conserve predios tan grandes con esos precios”, expuso María Andrea Ibañez.
El 31 de enero, un grupo de vecinos de San Ángel, San Ángel Inn, Tlacopac, La Florida y Guadalupe Inn sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas del GDF, Mario Delgado, para plantearle la inconformidad sobre los aumentos del predial.
Ahí, los vecinos pidieron que se evite la politización del asunto, la presentación de un programa de regularización del catastro al público que indique las bases que se tomaron y se determine un período razonable —de 3 a 5 años— para aplicarlo.
También demandaron un estudio cuidadoso y detallado de la realidad del suelo de la ciudad y no únicamente basarse en transacciones inmobiliarias.
Pidieron que haya equidad en la aplicación del descuento para la gente de la tercera edad, así como casos particulares de las colonias que se encuentran en polígonos patrimoniales protegidos.
