ella.grajeda@eluniversal.com.mxLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallará en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, decisión que no favorecerá a la Asamblea Legislativa que en abril pasado impulsó estas reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal.
Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, manifestó su preocupación porque esta resolución atentaría contra los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. “Sería muy grave porque significaría un retroceso brutal y atentaría contra una realidad a la cultura de los derechos humanos en la ciudad, de respeto a los derechos de las mujeres y una actitud de equidad. Sería muy delicado”, enfatizó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Círigo Vázquez comentó que el fallo de la Corte “no viene a favor de la ALDF”. Sin embargo, dijo, está optimista porque en el pleno de la Corte podría cambiar el sentido por los votos de los ministros. “Yo quiero pensar que estarán abiertos a la discusión”, resaltó.
Hasta la fecha, 5 mil 500 mujeres se han practicado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en la red hospitalaria del gobierno del DF, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud local.
El 24 de abril del 2007, el pleno de la ALDF aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Salud que despenalizan el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación.
El 25 de mayo de ese mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte en contra de las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito Federal.
Tanto la PGR como la CNDH coinciden en que la ALDF invadió esferas de competencia, “ya que el regimen de regulación jurídica de la actividad pública en materia de salud corresponde, originariamente, a la Ley General que expida el Congreso Federal, y las leyes locales de salud únicamente pueden normar la actuación de las autoridades de su territorio, respetando siempre las normas previstas en la Ley General de Salud".
El asunto fue turnado al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien en el 2002 fue uno de los cuatro ministros —de los 11 que integran la Corte— que votó en contra de la llamada ley Robles que despenalizó el aborto cuando el producto presentaba alteraciones genéticas o congénitas, aprobada también por la ALDF.
La Asamblea Legislativa presentó su alegato, al igual que el gobierno capitalino como tercer interesado. Desde entonces, ambas partes están en espera del fallo.
Víctor Hugo Círigo dijo que en esta semana probablemente establecerá el primer contacto con los ministros de la Corte, junto con la consejera Jurídica del DF, Leticia Bonifaz, con quien intercambiará diversos puntos de vista.
Para invalidar las reformas más recientes, que permiten la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, se necesita como mínimo el voto de ocho de los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN.
De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Salud local, de abril del 2007 a la fecha, había atendido a 10 mil solicitudes de información de mujeres que consideraron practicarse el aborto.
Sin embargo, de éstas, sólo 7 mil expresaron su deseo de someterse al procedimiento, pero finalmente 5 mil 500 decidieron practicarse el aborto.
Es decir, mil 600 mujeres, después de escuchar la orientación de especialistas, decidieron no abortar y tener a su hijo.
Las reformas aprobadas por la ALDF, en abril del 2007, cambia el tipo penal sobre la interrupción del embarazo, es decir sólo tipifica como un delito a partir de la semana 13 y se castigará a la mujer que lo practique desde ese momento, con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.
