caviles@eluniversal.com.mxLa delegada en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, ganó la primera fase del juicio que promovió en contra del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, admitió a trámite la demanda que promovió la panista y, como primera medida, suspendió el acuerdo emitido por Ebrard, que en los hechos, le quitó a las delegaciones las atribuciones para participar en la autorización de las obras que se harán en sus respectivas demarcaciones.
El acuerdo de Ebrard es parte de su proyecto para crear “Corredores de Integración y Desarrollo” en distintos puntos de la ciudad y forman parte de los planes de desarrollo urbano que puso en marcha el mandatario para crear, en una primera etapa, zonas económicas destinadas, por ejemplo, al turismo, a brindar diversos servicios y al transporte.
En respuesta a una petición que le hizo la delegada, el ministro Cossío dejó sin efectos, de manera temporal, el acuerdo emitido por Ebrard el 8 de enero para trasferirle a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) las facultades para que se encargue de autorizar y ejecutar todas las acciones relacionadas con las construcciones, obras e instalaciones que se lleven a cabo en los corredores.
Con esta decisión, el ministro protegió, de manera temporal, las atribuciones de la delegación para que todos los proyectos que se pretendan realizar en el territorio de la Miguel Hidalgo cuenten con el aval de la delegada.
La suspensión del acuerdo no prejuzga sobre el resultado final que podrá tener el juicio ni sobre quién lo va a ganar, dado que sólo se emite como una medida precautoria.
Como encargado del juicio que promovió la panista, Cossío sólo dejó vigente el acuerdo en el que el jefe de Gobierno estableció las reglas que se deberán seguir para otorgar facilidades a los empresarios que participen en las construcciones y obras que se realicen en los llamados Corredores de Integración y Desarrollo y en el centro Histórico de la ciudad.
El ministro de la Corte también emplazó al Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que participen en el juicio de controversia que promovió la delegada en contra del jefe de Gobierno, porque existe la posibilidad de que el mandatario haya adoptado medidas que sólo le competen realizar a los asambleístas, a los diputados federales y a los senadores.
