caviles@eluniversal.com.mxLa delegada en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, promovió un juicio en contra del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, porque emitió dos acuerdos a través de los cuales les quitó atribuciones a las delegaciones para participar en la autorización de las obras que se harán en su territorio como parte de su proyecto de crear “Corredores de Integración y Desarrollo” a lo largo de distintos puntos de la ciudad.
Con estas medidas lo que pretende el jefe de gobierno es evitar que en las delegaciones a cargo de funcionarios panistas se frenen sus proyectos de obras, tal como ocurrió con el frustrado intento de construir la Torre del Bicentenario en la delegación Miguel Hidalgo.
Gabriela Cuevas Barron le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante un juicio de controversia constitucional que se le turnó al ministro José Ramón Cossío, que anule los acuerdos emitidos por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, porque considera que son violatorios de la Constitución federal y de diversas leyes locales.
Los acuerdos se publicaron el 8 de enero pasado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. En ellos el jefe de gobierno estableció las reglas que se deberán seguir para otorgar facilidades a los empresarios que participen en las construcciones y obras que se realicen en los llamados corredores de integración y desarrollo y en el Centro Histórico de la ciudad.
Y, al mismo tiempo, dotó de facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que sea la encargada de autorizar y ejecutar todas las acciones relacionadas con las construcciones, obras e instalaciones que se lleven a cabo en los corredores.
Con esta última decisión Ebrard busca que las delegaciones no intervengan en la autorización de las obras.
Para justificar su decisión Marcelo Ebrard recordó que los corredores forman parte de la política de desarrollo urbano que implemento en ejercicio de sus atribuciones, y que en una primera fase, contempla crear zonas económicas destinadas, por ejemplo, al turismo, a brindar diversos servicios y al transporte.
En cambio, la delegada argumentó en su demanda que los acuerdos emitidos por Ebrard son ilegales e inconstitucionales porque para hacerlos el jefe de gobierno no sólo se atribuyó facultades que les corresponden a las delegaciones, sino que también usurpó las funciones de la Asamblea Legislativa, porque mediante sus acuerdos modificó varias leyes locales.
La delegada recuerda que las delegaciones son las únicas facultadas para expedir licencias relacionadas con las materias de obras y desarrollo urbano y que la Seduvi no tiene atribuciones en esta materia.
Por tanto, al otorgarle facultades que no tiene, el jefe de gobierno modificó lo establecido en las leyes de Desarrollo Urbano, para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, de Procedimiento Administrativo, Orgánica de la Administración Pública, Ambiental, y de Aguas, y esto sólo puede hacerlo la Asamblea Legislativa mediante una reforma.
Con base en estos argumentos, Gabriela Cuevas le solicitó a la Corte que gire intrucciones para que las otras 15 delegaciones del Distrito Federal, así como la Asamblea Federal, también sean llamadas a juicio como terceros interesados.
Esto último porque considera que los acuerdos no sólo afectan a la delegación Miguel Hidalgo sino a todas las demarcaciones y a la ALDF.
Para evitar daños en lo inmediato, , como primera medida, la delegada le solicitó a la Corte que suspenda los acuerdos que emitió Marcelo Ebrard durante el tiempo que tarde en resolver el juicio que promovió en contra del gobierno del Distrito Federal.
El encargado de darle respuesta a sus peticiones será el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío a quien se le turnó la demanda.
El ministro deberá decidir en los próximos días si admite la demanda y si, en su caso, ordena o no la suspensión temporal de los acuerdos emitidos por Ebrard.
