erika.perez@eluniversal.com.mxLa Unión de Permisionarios de Automóviles de Alquiler, AC, agrupados en la ruta 11, informó que obtuvieron un amparo con el cual podrán circular paralelamente al Metrobús en Eje 4 Sur, toda vez que el gobierno de la ciudad les ha negado información y la realización de permisos de circulación.
Sin embargo, la Consejería Jurídica del DF rechazó que el amparo otorgado a los transportistas signifique que podrán circular por esa vialidad, dado que la materia de la protección federal es para que se les otorgue información a la petición hecha sobre el proyecto ejecutivo.
José Juan Sánchez Armas, dirigente de los transportistas, explicó que promovieron el juicio de amparo contra los actos que realice el gobierno del DF, toda vez que la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) les negó el proyecto ejecutivo del Metrobús y la revalidación de los permisos de bases y derroteros que tenían autorizados en esa vialidad.
Y con esta acción, afirmó, se pone en riesgo el derecho al trabajo que tienen unos 350 concesionarios y permisionarios que circulan por los tramos de Coyuya-Rojo Gómez y de Periférico Oriente a Eje 4 Sur.
El Juzgado Dos de Distrito en Materia Administrativa otorgó el amparo 148/2007 el 25 de junio de 2007, pero a la fecha la Setravi no ha dado cumplimiento al mandato judicial.
Precisó que a la par de que se les negó el derecho de pagar sus permisos, también se les excluyó de las mesas de negociación para constituir la empresa Metrobús.
Aseguró que no se han dado alternativas de trabajo para los choferes que en suma mantienen a cerca de mil familias y tampoco están dispuestos a sumarse a una empresa donde las condiciones económicas son perjudiciales para los concesionarios.
Sánchez Armas refirió que el caso lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y este órgano envió un apercibimiento al jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón, para que ordenara a Armando Quintero, titular de la Setravi, y Martín Mejía Zayas, director General del Transporte, para que den cumplimiento a la sentencia.
En caso de no hacerse, derivaría en una averiguación por desacato que podría involucrar un proceso de destitución al propio Ejecutivo local si se comprueba que estuvo al tanto de la situación.
Por su parte, la Consejería Jurídica del DF afirmó que la inejecución de la sentencia no está en la SCJN sino en un Tribunal Colegiado el cual aún no notifica del caso a la administración capitalina.
