alejandro.cuenca@eluniversal.com.mxEl gobierno del Distrito Federal presentará esta semana una controversia constitucional contra la reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente Felipe Calderón, en un nuevo capítulo de confrontación entre autoridades de la ciudad y de la Federación.
En la controversia donde el gobierno de Marcelo Ebrard alegará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la reforma es inequitativa en los criterios para la asignación de recursos a entidades y esto causará a la ciudad una pérdida de hasta 22 mil 695 millones de pesos entre 2008 y 2012, que se dejarán de recibir del Fondo General de Participaciones.
Un argumento del gobierno local contra la reforma es que en la exposición de motivos se dijo que era para fortalecer el federalismo; sin embargo, se modificaron las reglas de distribución de recursos federales hacia entidades, con criterios basados en la densidad de población o en la eficacia para recaudar impuestos, lo que afectará a la ciudad, pues según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) ha habido un decremento en el número de habitantes de la capital.
“El premio para aquellas entidades que han venido realizando bien su trabajo de recaudación, como el DF, será sólo de un 10% del Fondo General de Participaciones, mientras que para las entidades que han pospuesto su esfuerzo recibirán como premio un 30% de ese fondo”, se agrega.
Sobre el criterio de población para el reparto de fondos, la gestión de Ebrard acusó que se utilizará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, “misma que en el pasado reciente ha mostrado importantes sesgos que subestiman o sobrestiman la población de las entidades”, se lee.
En su primer informe de labores ante asambleístas el 17 de septiembre de 2007, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, anunció el proceso.
Ahora, en el texto preliminar del mismo y del cual EL UNIVERSAL posee una copia, el gobierno de Ebrard pide a ministros la invalidez del decreto que reforma, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones de la ley de Coordinación Fiscal, la del Impuesto Sobre Tenencia de Vehículos y la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre.
Las autoridades locales aducen que la Cámara de Diputados, que aprobó las reformas, y el Senado de la República, el cual ratificó la minuta, no tienen facultades para normar la coordinación del sistema fiscal de la Federación con las entidades y con el DF, pues en el artículo 73 de la Constitución las facultades se limitan a la expedición de leyes de seguridad, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, deporte o turismo.
“En ninguna de las facultades que expresa o implícitamente le confirió el constituyente al Congreso de la Unión, se encuentra, ni siquiera por interpretación o deducción, la de legislar en relación con la coordinación del sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y el Distrito Federal, el establecimiento de la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales y la distribución entre ellos de dichas participaciones”, se agrega.
Según la consejera jurídica del gobierno de la ciudad, Leticia Bonifaz, el documento de controversia está prácticamente concluido y sólo harán precisiones mínimas, por lo que consideró que en esta semana, la gestión de Ebrard podrá presentarla.
Dijo que con esta controversia el gobierno de la ciudad busca sentar un precedente para que se revise la coordinación fiscal, cuyas reglas no corresponden ya con la realidad, pues se cambian los criterios sin consultar a nadie. Otro fin, agregó, es que las reglas de asignación del Fondo General de Participaciones queden como en 2007 y que si la Corte no resuelve antes de fines de 2008, en el Congreso de la Unión la fracción del PRD impulse un cambio en ellas.
En la controversia las autoridades locales también argumentan que cuando presentó la iniciativa de reformas, el Ejecutivo federal no convocó a una consulta en el seno de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, obligatoria en términos de los artículos 17 y 19 de la propia Ley de Coordinación Fiscal.
El gobierno de la ciudad señala que es una obligación de la Secretaría de Hacienda convocar a esa reunión cuando se modifiquen las reglas de participación de las entidades en los ingresos federales, “por lo cual la iniciativa de reformas resultó producto de una decisión unilateral del Ejecutivo federal, sin apoyo en consenso o al menos opinión mayoritaria de los participantes del Sistema de Coordinación Fiscal”, se argumenta.
