icela.lagunas@eluniversal.com.mxEl lunes, Mariana recibió la noticia de que su hermano, quien vive en Estados Unidos, venía de visita a México a pasar la Navidad. Veinticuatro horas después, recibió una segunda llamada, presuntamente de su hermano, quien le decía que estaba detenido en el aeropuerto por no declarar ante aduanas ciertos objetos y que tenía que depositar 13 mil pesos para no ser encarcelado.
Con la idea de que su hermano corría peligro, Mariana acudió al Banamex de San Juan de Aragón y depositó en la cuenta que le ordenaron. Así inició la extorsión que un delincuente consumó desde Tonalá, Jalisco.
Estaba temerosa. No volvió a recibir ninguna llamada; sin embargo, intentó llamar a la casa de su hermano, en Estados Unidos. La sorpresa fue cuando él contestó. De inmediato denunció la extorsión y acudió al banco para congelar el depósito.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal notificó los hechos a su homóloga de Jalisco, la cual detuvo a Efraín Becerra Sanchez o Martín Moreno, integrante de una banda de extorsionadores. El dinero fue depositado en una cuenta a nombre de María Guadalupe Ventana Pérez.
Becerra es el primer presunto extorsionador detenido en el contexto de la campaña para combatir ese delito al número 55335533 del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
A 48 horas de la puesta en marcha de la campaña contra las extorsiones telefónicas, el Consejo recibió mil 714 llamadas de víctimas amenazadas por delincuentes; 25 pagaron en efectivo o con tarjetas telefónicas.
Meyer Kaip, presidente del Consejo, dijo que de las 25 víctimas, 13 depositaron el dinero, 11 compraron tarjetas y abonaron el tiempo aire y una entregó un carro.
Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública, y Rodolfo Félix, procurador capitalino, se reunieron ayer con diputados locales para exponer el proyecto contra la corrupción.
Ortega urgió a modificar la ley para tipificar ese delito como grave.
Mientras que Rodolfo Félix dijo que se busca obtener mayores facultades para que la policía tenga información de los movimientos telefónicos de un número en particular.
Respecto a la problemática de extorsiones que provienen de los reclusorios, el procurador admitió que los bloqueadores no están funcionando.
En una mesa de análisis del fenómeno de las extorsiones telefónicas, el asambleísta Agustín Castilla pidió que se revise el sistema de bloqueo instalado en el Reclusorio Norte hace más de un año.
Félix Cárdenas reconoció que las 22 personas detenidas por extorsión este año son sólo cobradores y no los líderes de las bandas.
En tanto, asambleístas aprobaron ayer en comisiones el dictamen para tipificar como delito grave la extorsión telefónica y no se permita la libertad bajo fianza. Esta iniciativa será sometida la próxima semana ante el pleno de la ALDF y busca también que dichas llamadas puedan ser grabadas por la autoridades para presentar los audios de las conversaciones entre extorsionadores y víctimas como pruebas en los juicios. También prevén que se eleven las penas por robo a camionetas de valores y fraude.
