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El gobierno del Distrito Federal pedirá al Congreso de la Unión facultar a la policía capitalina para rastrear llamadas telefónicas y abatir las extorsiones. De aprobarse las reformas a la legislación en materia de telecomunicaciones que propondrán al Legislativo, las autoridades podrán saber el historial telefónico de los últimos 90 días de los números desde los cuales se hacen las extorsiones.
Así se sabrá a quién llamaron los extorsionadores, por cuánto tiempo y cuántas veces, según la propuesta de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que enviará el GDF al Congreso de la Unión.
Esas reformas forman parte de las acciones del gobierno local contra las extorsiones, y a la que se sumará la campaña publicitaria que este lunes iniciará para orientar a los ciudadanos ante esos casos.
Se trata de prevenir un incremente de las extorsiones, sobre todo ahora que la gente recibirá su aguinaldo, y que dispondrá de sus ahorros para las vacaciones y compras de fin de año.
Según cifras oficiales, al menos 12 personas reciben una llamada intimidatoria en la que amenazan la integridad de esposas, hijos o de otros familiares a cambio de dinero.
Dicha campaña, sustentada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública local, enseñará a los ciudadanos cómo reaccionar ante un intento de extorsión telefónica. La campaña se realizará en medios de comunicación y con carteles en espacios públicos como el Metro, bancos y hospitales.
El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos A.C, tiene ubicadas tres épocas en las que se incrementa la extorsión: el 10 de Mayo, Día de las Madres; las vacaciones de Semana Santa y las de fin de año.
Aunque autoridades reconocen que ninguna persona está exenta de ser extorsionada, los comerciantes, empresarios, así como amas de casa, son los sectores más susceptibles de recibir estas llamadas.
Medidas superadas
Se han tomado tres acciones y todas ellas han sido superadas por los extorsionadores.
La implementación de “etiquetas” que es una grabación de advertencia sobre el origen de la llamada que se realiza desde un reclusorio. Esta medida sólo funcionó el primer mes, ya que los reclusos hicieron la triangulación de las llamadas para lo cual, marcan primero a un número y de ahí se transfiere la llamada al teléfono de la víctima, en ese proceso se pierde la etiqueta de advertencia.
Como segunda medida, se instaló el sistema de bloqueo de señales celulares en el Reclusorio Norte. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos que incluyen testimonios de reclusos, esos dispositivos no operan y uno de los testimonios obtenidos, fue mediante llamada desde teléfono celular proveniente del Reclusorio Norte.
Incluso, la PGJDF inició una investigación especial para determinar si personal de reclusorios y de la empresa encargada de instalarlo alteró el funcionamiento del bloqueador.
La tercer medida implementada, fueron operativos de revisión en los dormitorios de los penales de la ciudad, en los que participó la PFP, AFI, la PGJDF y la SSPDF; dichas acciones además de buscar drogas y armas, buscaron retirar teléfonos celulares y chips para evitar su uso.
La información obtenida permite asegurar que custodios y delincuentes introducen celulares que se rentan en mil pesos semanales.
