icela.lagunas@eluniversal.com.mx
El secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega Cuevas, criticó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pues dijo que la recomendación que le dirigió con motivo de las expropiaciones en Tepito e Iztapalapa “es contradictoria, incongruente y no la aceptamos”.
Exhortó al ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, a que lea bien sus recomendaciones pues se contradice respecto a las lesiones que supuestamente provocaron elementos de la SSP-DF a varias personas durante los desalojos de los predios expropiados.
Explicó que en la opinión médica de la visitadora auxiliar de la CDHDF, María de los Ángeles Ortega Díaz, se refiere claramente respecto a las lesiones que presentaron los siete presuntos agraviados, que son anteriores a su detención.
Además, los presuntos agraviados, en uno de los casos, mencionó que le pegaron en la cabeza, es decir cara o cráneo, cuando la lesión que presentaba fue en otra parte del cuerpo, aseguró Ortega.
“No se hace mención de haber recibido alguna lesión en esta región; por lo cual no se puede hacer una mecánica exacta, sólo que los hechos que narra no responden a esta lesión”, indicó el jefe de la Policía.
En otro apartado, la especialista establece que no hay una certeza de que los golpes o lesiones fueron efectuadas durante la detención que se realizaron durante las expropiaciones en Tepito.
“Hace referencia el agraviado que recibió un golpe con la cacha de la pistola en la pierna derecha y en el dictamen mencionan una equimosis en el brazo, por lo que no responde a la agresión que refiere el agraviado”, agregó Ortega.
El funcionario local no aceptará los argumentos de Álvarez Icaza en el sentido de que las expropiaciones no deben ser utilizadas como medidas de combate al crimen. “Les adelanto, seguiremos con las expropiaciones; están dando resultados”, puntualizó.
Prueba de lo anterior mencionó que en Tepito se ha registrado un solo homicidio y tres más en la Morelos, después de las expropiaciones al predio de Tenoch 40 y Jesús Carranza.
Antes de esta acción, de enero a febrero habían ocurrido siete homicidios en el barrio, es decir, más de lo doble de los registrados a lo largo del año. “Yo les quiero decir que el gobierno de la ciudad y la policía seguirá proponiendo las expropiaciones porque hay cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, que están utilizando mecanismos especializados para trasgredir la ley”, indicó.
Por su parte, Arturo Mancilla, asesor de la SSP-DF, detalló que la propia Comisión de Derechos Humanos capitalina no respeto la ley interna para seguir los procedimientos y notificar a la secretaría que había funcionarios investigados como resultado de una acción policiaca.
“La Comisión jamás, jamás notificó a la Secretaría que se estaba instaurando un procedimiento en el cual estaban involucrados servidores públicos, es decir elementos de seguridad pública”, explicó.
Respecto al uso de la fuerza, reiteró que el médico expresó en su dictamen que las lesiones que presentaban algunos de los siete detenidos correspondían a lesiones anteriores al hecho, es decir ya presentaban costras.
