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Ambulantes acusan a sus líderes de vender lugares

Vendedores ambulantes denunciaron que sus líderes les exigen de 5 mil a 20 mil pesos para darles un puesto en las plazas que el gobierno del Distrito Federal entregó a distintas organizaciones para reubicar a los comerciantes apostados en la vía pública
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Johana Robles
El Universal
Sábado 13 de octubre de 2007

erika.perez@eluniversal.com.mx

Vendedores ambulantes denunciaron que sus líderes les exigen de 5 mil a 20 mil pesos para darles un puesto en las plazas que el gobierno del Distrito Federal entregó a distintas organizaciones para reubicar a los comerciantes apostados en la vía pública.

El secretario de Gobierno del DF, José Ávila, dijo no tener evidencia alguna sobre esta queja; aclaró que la administración local vigilará que no se cometan abusos y señaló que la asignación de locales en las plazas es con cada comerciante para evitar intermediación de los líderes.

“El gobierno es el que otorga el permiso dentro de cada plaza; no descarto que los líderes estén intentando lucrar, pero me gustaría conocer el caso, si hubiera una demostración, para actuar en consecuencia, pero por lo pronto no tenemos ninguna evidencia”, recalcó.

Al preguntarle cómo podría el gobierno capitalino sancionar a los dirigentes que incurran en esta práctica contestó: “No sé. Habría que probar primero si se trata de un ilícito o forma parte de una estructura interna de una asociación civil”.

En tanto, durante el primer día sin comercio en vía pública en el perímetro “A” del centro histórico, miles de comerciantes seguían en la incertidumbre sobre si tendrán sitio en alguno de los 36 inmuebles.

Además, 25 de las 43 escuelas públicas de nivel básico de la zona suspendieron clases ayer y hoy, debido a la reubicación de vendedores.

La Administración Federal de Servicios Educativos en el DF informó que 6 mil estudiantes de los turnos matutino y vespertino no asistieron a clases para evitar inconvenientes a los padres de familia.

Hace 20 días, señaló Juan Luis “N”, comerciante de la calle de Brasil, grupos como la Asociación Légitima, Cívica y Comercial que preside Alejandra Barrios, piden entre 10 mil y 20 mil pesos para dar un lugar.

En las calles de Colombia y Rodríguez Puebla, comerciantes apuntaron que para obtener un lugar en el ex comedor del DIF, el precio por lugar asciende a 5 mil pesos.

“Ya van tres organizaciones que nos están pidiendo el dinero, pero no sabemos si darlo o no porque tampoco sabemos quién se va a quedar en este lugar y si vamos a alcanzar”, comentó Mariana “N”.

Omar “N” dijo que hay comerciantes que sólo venden en diciembre y buscan un espacio en las plazas comerciales a través del pago.

“A esa gente la están metiendo y a nosotros que vendemos todo el año no nos parece, se están aprovechando”, añadió.

En tanto, comerciantes establecidos de la calle de Colombia —que pidieron el anonimato por temor a represalías— señalaron que están ofertando incluso a los locatarios los espacios a cambio de 5 mil pesos.

Ayer, las 36 plazas comerciales donde serán reubicados los ambulantes lucían semivacías de comerciantes, incluso algunas permanecían con las cortinas cerradas.

En un recorrido, EL UNIVERSAL observó que en plaza Meave 9, 9A, 11, 11A, 13 y 13 A estaban los cuatro puestos que había desde el día anterior, mientras plaza Vizcanías tenía mayor ocupación, sobre todo en los locales cuyo frente da a la avenida Izazaga. Letreros con colores fluorescentes llamaban la atención de la clientela.

En República de Brasil 61, fuera del perímetro “A”, incluso colocaron un letrero con la leyenda “WC Gratis” para atraer a la clientela.

En Apartado 8, la plancha de concreto estaba vacía, pero al ubicarse en el perímetro “B”, donde no se prohibió la vendimia en la vía pública, las aceras lucían llenas de ambulantes.

Agremiados de varias organizaciones resguardaban algunos predios para evitar que otras agrupaciones los invadieran; la rehabilitación avanzaba a cargo de comerciantes.

En Apartado 6, expropiado por el gobierno del DF, su propietario Abraham Ashkenazi, consideró arbitrario cómo la administración capitalina actuó, pues no hubo notificación ni derecho de audiencia.

Indicó que tuvo que llevas sus bolsas y mochilas al local de su hermano, en Apartado 5. “Ni siquiera lo están demoliendo, ni siquiera están los ambulantes dentro, y a mí me afectaron en mi patrimonio y a los empleados que tengo”, lamentó. (Con información de Alberto Cuenca y Mónica Archundia)



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