Apenas empezaba la actividad en la ciudad de México. Eran las 7:35 horas, cuando policías Bancarios e Industriales (PBI) rodearon la casa de uno de los primeros conductores que perdieron el amparo contra la aplicación del alcoholímetro. Iban por él, querían arrestarlo.Después de casi dos horas, Raúl “N” nunca salió de su departamento ubicado en la colonia Clavería, delegación Azcapotzalco.
Su esposa abrió la puerta, sorprendida por la presencia de la autoridad, quien le notificó la situación de su pareja.
Con pena y entre risas, la mujer llamó a su marido al trabajo y le comentó la situación. Como respuesta, dijo que Raúl acudiría voluntariamente al Juzgado Cívico conocido como “El Torito” a cumplir su adeudo de 10 horas de arresto.
Desde ayer, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con el apoyo de la Policía Bancaria Industrial, comenzó a cumplir con las órdenes de aprehensión giradas por los jueces cívicos, cuyo número se estima en 600, de las cuales 65 podrían ejecutarse esta semana y el resto en días posteriores.
De manera simultánea, en otro punto de la ciudad de México fue detenido Alfredo “P”, un comerciante del centro que fue sorprendido por el alcoholímetro en la zona del aeropuerto después de regresar de una fiesta en junio de 2006.
El joven comerciante dijo que su abogado le había asegurado que el amparo prosperó y que hasta ahí había terminado el asunto.
Por la mañana, Alfredo arribó al Juzgado Cívico “El Torito” a cumplir una pena de 9 horas con 50 minutos.
Mas tarde, en la calle Sucre, delegación Gustavo A. Madero, fue reaprehendido Adalberto “M”, quien en enero de este año fue detenido en un punto de revisión del alcoholímetro en avenida Centenario. La infracción que mantenía pendiente es de 12 horas detenido.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal brindará asesoría jurídica a todas aquellas personas que recurrieron a estos abogados y que fueron timadas, con el propósito de que puedan demandar por haber abandonado el defensor una causa.
Por su parte, la SSP ya demandó a estos tres bufetes de abogados por promover defensas innecesarias, como lo señala el artículo 231 del Código Penal Federal.
La corporación policiaca tiene ubicados a un grupo de al menos tres bufetes jurídicos que se dedican a “cazar” a los infractores afuera de los juzgados cívicos para supuestamente tramitarles amparos que presuntamente los evade del arresto por el alcoholímetro.
José Luis Guerrero, director general de Asuntos Jurídicos de la SSP local, informó que los titulares de estos despachos son Jesús César Neri Lozano, Noé Avila Evangelista y Marco Antonio Rojas Hernández, que en su conjunto han tramitado más de 7 mil defensas y, una vez obtenido el dinero del cliente, abandonan la causa.
Por promover este recurso que presuntamente los libra del alcoholímetro, estos abogados “coyotes” cobran un promedio de mil 500 a 2 mil pesos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, consideró que es innecesario exhibir a las personas que sean detenidas e ingresadas al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”, para cumplir con el arresto por manejar bajo los efectos del alcohol.
