Como todo proyecto nuevo, el Reglamento de Tránsito Metropolitano inicia hoy sus operaciones con deficiencias que, en la medida en que se aplique y se detecten las inconsistencias, se tendrán que corregir.Así lo consideraron jueces cívicos y abogados penalistas, quienes coincidieron en que la versión capitalina de este documento faculta inapropiadamente al agente de tránsito para que sea quien determine si es sujeto de ofensas por los ciudadanos o no.
El nuevo reglamento sólo señala en su artículo 6° que se sancionará con multa de 20 días de salario mínimo a aquellos conductores que ofendan, insulten o denigren a los agentes o personal de apoyo vial en el desempeño de sus labores; sin embargo, no dice que tendrían que ser remitidos al juez cívico correspondiente.
Tras calificarlo como una laguna legal, Arturo Álvarez Figueroa, juez calificador 9 de Iztapalapa consideró que un agente de tránsito no es la persona idónea para determinar si él es el agraviado porque no puede ser “juez y parte” y se necesita a un tercero que tendría que definir si se dio la presunta falta, facultad que tendría que recaer en un juez cívico.
“Para determinar una falta de respeto a la autoridad hay que tomar en cuenta la imputación de quien remite, la declaración de él que obre en la boleta de remisión más el dicho del probable responsable que pueda manifestar lo que a su derecho le convenga para su defensa”, explicó.
Asimismo, señaló que el anterior Reglamento de Tránsito del DF no contemplaba sancionar las “ofensas a la autoridad” y que aquellos elementos no sólo de tránsito sino también de la policía preventiva y demás, remitían por insultos a los infractores a jueces calificadores, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica del DF que está por encima de ese reglamento.
Para Mario Urcid Gutiérrez, juez cívico del segundo turno de Venustiano Carranza 3, los agentes de tránsito no tienen la capacidad de determinar cuál sería una ofensa a sancionarse por faltar al respeto a su autoridad.
“Para nosotros una ofensa puede ser cualquier ademán o palabra altisonante con carácter ofensivo”, opinó María Elena Bustos Alejandra, juez cívico 6 de Iztapalapa, quien indicó que no hay novedad; estas medidas siempre han existido en la Ley de Cultura Cívica del DF pero no se le habían dado importancia.
Los jueces coincidieron en que este nuevo reglamento podría ser un motivo para incrementar la corrupción entre los agentes.
El subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana de Abogados, Raúl Guerrero Palmas, expresó que no es una medida sin sentido pues se ha observado que en algunas arterias de la ciudad, algunos particulares no sólo no obedecen a los elementos de tránsito, sino ha habido casos en los que resultan atropellados o bien al desobedecerlos han causado mayores problemas.
“El problema se va a dar en cuanto exista una imputación del agente en contra de un particular, pues en materia administrativa y en la normatividad de otros países el ciudadano goza de un principio de inocencia en donde la autoridad debe probar la infracción para que se pueda aplicar.
“De ahí podemos ver que se instalan estas cámaras de video y audio en las patrullas y el agente lo que hace es enfocar al automóvil y al automovilista y todo lo que está sucediendo en ese momento para poder desvirtuar esa presunción de inocencia de que pueda gozar el particular; en ese caso aquí los agentes no cuentan con esos elementos, tendría que ser a través del auxilio de uno de sus compañeros o de otro particular que se preste a ser testigo, lo cual me parece difícil”, agregó.
Aseveró que no sólo falta de equipo sino también de preparación. En la otra cara de la moda encontramos a agentes prepotentes y groseros que bajo presión estallan y van contra el particular o se comporta de una manera agresiva para atemorizar al ciudadano y obtener un beneficio económico indebido.
Insistió en que las inconsistencias se van a manifestar cuando no haya testigos de una presunta ofensa y el caso quede de la palabra de uno contra la del otro, donde el ciudadano diga que el agente puso palabras que no pronunció, o se malentendió o son palabras que existen en el diccionario. “Todo puede quedar en una pérdida de tiempo”, subrayó.
En la versión del estado de México de este Reglamento de Tránsito Metropolitano no se contempla esta medida por impráctica, asintió el especialista en derecho.
