Este proyecto de ley operaría como una norma reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, el cual habla ya sobre el decomiso de los bienes de delincuentes.

La propuesta plantea, entre otras cosas, la entrega de una recompensa de 12% con relación al valor del producto asegurado, en favor de la persona que haya denunciado la actuación y el domicilio en donde se ubique el centro de operación de criminales.

Así, sería posible que cualquier persona física o moral presente denuncias sobre la existencia de bienes que pueden ser objeto de un decomiso, ante lo cual el Ministerio Público federal o un juez civil tendrían la obligación de iniciar el procedimiento para la extinción de dominio.

Las denuncias ciudadanas procederían contra personas sujetas ya a averiguaciones previas por delincuencia organizada, a sentenciados por ese motivo, a herederos de quienes estén acusados por dicho ilícito o contra sujetos se vinculen directa o indirectamente con el crimen organizado.

En ese punto se agrega: "A la denuncia deberá acompañarse la relación de bienes que el denunciante presuma sean propiedad o se encuentren bajo el dominio de quien este sujeto a proceso".

Por tratarse de una propuesta que tiene impacto nacional, Marcelo Ebrard no cuenta con facultades para presentarla como iniciativa ante el Congreso de la Unión, por lo que tendrán que ser los diputados del PRD en la Cámara de Diputados quienes impulsen ese proyecto.

Ayer, en el gobierno de la ciudad se explicó que otra opción es la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la cual tendría que aprobar el documento en comisiones y en el pleno, para enviarla a su vez a los legisladores federales como una iniciativa de ley.

De hecho, Marcelo Ebrard comentó ayer que sostendrá una reunión con diputados del sol azteca, a quienes les presentará este documento, compuesto por 18 artículos.

Se incluye también una propuesta de modificación a cinco artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el texto, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se sugiere que un reparto proporcional de los bienes entre el gobierno federal y el de la entidad donde se haya realizado el decomiso, a razón de 40% para la Federación y de 60% para el gobierno estatal.

Este reparto procedería al momento de la sentencia, aunque durante el proceso los bienes podrían aprovecharse según su naturaleza "y los frutos que de ellos resulte se aplicarán en su mantenimiento y administración", se lee.

El documento plantea que una vez presentada la denuncia, ya sea por una persona o por una autoridad, se notifique de inmediato al acusado para que en un lapso no mayor de 15 días presente pruebas sobre la legítima procedencia de esos bienes.