El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) envió una carta al vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, en la cual se le solicita que evite emitir señalamientos en torno al aborto que pudieran constituir un agravio hacia el derecho de las personas.Esta misiva dirigida al vocero de la Arquidiócesis es en respuesta a una queja que interpuso el partido Alternativa en la ciudad ante dicho Consejo, al denunciar que el jerarca religioso ha utilizado expresiones discriminatorias contra las personas que se han manifestado a favor de las reformas sobre el aborto.
En un comunicado emitido el 26 de marzo, Hugo Valdemar acusó a grupos feministas de pugnar por "una carnicería cruel, espantosa e injusta", al apoyar la "masacre" de niños no nacidos. Dichas aseveraciones generaron la inconformidad del Partido Alternativa.
Ayer, en conferencia de prensa, el diputado por ese instituto político, Jorge Carlos Díaz Cuervo, dio a conocer el contenido de la carta que emitió el Conapred y al mismo tiempo se manifestó sobre la misiva que envió el Papa Benedicto XVI, en la cual el sumo pontífice anuncia que "se une a la Iglesia en México, así como a tantas personas de buena voluntad preocupadas por la intención de aprobar un proyecto de ley en el Distrito Federal que amenaza la vida de los niños que están por nacer".
Según Díaz Cuervo, la Iglesia católica mexicana ha mal interpretado el mensaje del Papa, "porque en ningún momento se hace ahí un llamado a la guerra, sino a la Iglesia, para que modere sus excesos y exabruptos; no se descalifica lo que hacemos ni se agrede, ese es un mensaje a la mesura y a la paz", argumentó el asambleísta de Alternativa.
También expuso que la Iglesia mexicana no tiene facultades para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas sobre aborto que se aprueben el martes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal . Los únicos facultados, detalló, son 22 diputados locales o la Procuraduría General de la República (PGR).
Así, pidió a la PGR para que haga un análisis jurídico del decreto para que entienda que la reforma no viola la Constitución y no se preste al juego ni sea mensajero de la Iglesia.