A principios de esta semana, varios de ellos recibieron una llamada telefónica del gobierno capitalino avisando que ya podían pasar a recoger su mercancía lo antes posible.

"Nos dieron a firmar un documento en el que decimos que nos deslindamos de los locales y que el gobierno del DF puede hacer lo que quiera con ellos", explicó.

Al inicio de la expropiación les dijeron que, luego de comprobar la legalidad de su mercancía les iban a ayudar con camiones para transportarla, pero ellos no esperaron: llevaron sus propios autos y a sus familiares para cargar salpicaderas, facias, cofres, parabrisas y radiadores. "Hasta de a pípila nos las llevamos".

Sin embargo, en algunos casos detectaron que faltaban cajas de herramienta. "Pero eso ya fue lo de menos", dijo Juan García.

Él como muchos otros que comprobaron que no comercializaban autopartes robadas, ya está en trámites para rentar un local comercial donde pueda montar de nuevo su refaccionaria y tratar de resarcir los daños económicos y morales que la expropiación del gobierno capitalino les dejó el pasado 20 de marzo.

En estos días realizará los trámites correspondientes ante la autoridad para obtener el permiso de uso de suelo y emprender de nuevo su negocio.

No obstante, Juan García aún trae "la espinita" que le dejó todo el proceso de expropiación: "somos alrededor de 200 locatarios, entre dueños y los que rentamos, que comprobamos que nuestras cosas eran derechas. Pero eso nunca lo van a reconocer, nomás nos dijeron adiós y se acabó".

El martes pasado, luego de la inauguración de la Primera Feria de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, su titular, Joel Ortega, dijo que de los expropiados de La Ford "el que más ha probado sus propiedades no es más allá del 10% o 15% en el conjunto del inmueble. Pero nadie logró probar la totalidad de lo que tenía, nadie. Ahora lo que sigue es la demolición".