En total, la dependencia federal recibió 220 expedientes de diferentes accesorias y de ellos analizó las facturas, pedimentos de importación y demás documentos para demostrar la propiedad de autopartes.

Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno acudió ayer al predio que expropió el jefe de Gobierno en marzo pasado, para supervisar la entrega de mercancía.

Se determinó que para dicha entrega diariamente se seleccionará una calle y se harán las revisiones para autorizar salida de mercancía.

García Ochoa explicó que los locatarios sólo podrán sacar los objetos que estén avalados por facturas y documentos oficiales que demuestren su propiedad.

"El resto de las autopartes serán destruídas, ya que nadie a comprobado su procedencia legal", comentó el subsecretario de Gobierno.

Las primeras acciones de entrega de mercancía se realizaron en la calle Datsun, donde sólo 17 locatarios entregaron documentación que supervisó la Secretaría de Hacienda. Desde las nueve horas comenzó el movimiento en La Ford, ya que cada comerciante acudió en camiones a retirar las autopartes que demostraron poseer.

Para este jueves, se hará el mismo trabajo en la calle Wolkswagen y se espera que a finales de la semana, el Gobierno haya entregado toda la mercancía que cuente con documentación.

Durante la entrega estuvieron presentes 40 agentes del Ministerio Público, el dueño del local, un representante de la Oficialía mayor y uno más de la Secretaría de Gobierno, todos resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. De esta manera, el Gobierno capitalino inició el proceso para desalojar los locales que forman parte del predio que se expropió el 20 de marzo pasado por instrucciones del jefe de Gobierno, debido a que en esa zona se vendía una gran cantidad de autopartes de origen dudoso.

A solicitud del Gobierno capitalino, la Secretaría de Hacienda hizo un análisis detallado de la documentación que presentaron locatarios ubicados en el predio La Ford.

Entre la información que se cotejó en las bases de datos del gobierno estaban los pedimentos de importación, las declaraciones fiscales y los registros de contribuyentes de cada uno de los comercios.

Esta tarea, fue independiente a la destrucción de 65 toneladas de mercancía que se encontraba en 39 locales que nunca fueron reclamados por ninguna persona, luego de que se emitió el decreto expropiatorio.

Originalmente, se presentaron 265 personas que se dijeron propietarios de accesorias, pero la cifra disminuyó a 220, ya que algunos de ellos no presentaron la documentación necesaria para avalar su propiedad.