La venta en Iztapalapa de autopartes robadas es controlado al menos por 10 familias que operaban en refaccionarias localizadas dentro de la zona que expropió el gobierno del Distrito Federal en esa delegación.Según un informe de la Fiscalía de Robo de Vehículos de la Procuraduría capitalina, son cuatro líderes los que controlan principalmente ese negocio ilícito, a partir de automóviles robados en varios puntos de la ciudad.
Sin embargo, sólo se les tiene identificados por sus apodos: El Rotoplas, El Hiroshi, El Mandril y El Chuy.
La Secretaría de Seguridad Pública del DF informó que de 2005 al 10 de marzo pasado ha detenido a tres mil 616 desvalijadores; es decir, un promedio de 4.5 capturas al día de sujetos relacionados con esta actividad y que abastecen ese mercado negro.
El año pasado, el robo de autopartes se posicionó en el octavo lugar entre los 10 tipos de robo que se clasifican; sin embargo, en 2007, ha registrado un repunte, agregó la dependencia en un comunicado.
El gobierno del DF expropió el martes 3.6 hectáreas en la colonia Reforma Política, en Iztapalapa, como una acción contra el robo y comercio ilegal de autopartes.
Ayer, los propietarios de los negocios intentaban demostrar la legal posesión de la mercancía, además de conformar un frente para la defensa legal contra la expropiación.
La consejera jurídica del gobierno, Leticia Bonifaz, advirtió que si intentan presentar papeles falsos "los vamos a detectar porque ya hay personal de análisis documental y ese es un delito que se suma a la lista de todo lo que hay en la zona". Lo que no se logre comprobar como legítimo será "chatarrizado", agregó.
Los comerciantes y sus abogados aseguraron que fue una expropiación ilegal, pues no está demostrada la causa de utilidad pública que argumentó el gobierno.
Al respecto, Bonifaz dijo en entrevista la única alternativa para poner orden en la zona, era la expropiación de todo el predio donde operaban 247 locales, y sostuvo que esa acción está fundamentada en la Constitución y en la Ley de Expropiaciones.
"La utilidad pública era la única figura a la que podíamos recurrir para solucionar el problema que existe en la zona, sólo así podremos cambiar el uso de suelo, limpiar y hacer un parque que será para beneficio de las zonas aledañas donde existe mucha vivienda; así tendremos un doble uso, darle un beneficio a la comunidad y acabar con un foco de delincuencia", afirmó.
De otra manera, explicó, el gobierno no hubiera podido hacer las expropiaciones en lo individual y argumentar la utilidad pública.
La alternativa que había, añadió Leticia Bonifaz, "era hacer operativos, detener personas y que luego salieran y no poner orden jamás, por eso la expropiación era la mejor opción".
Explicó que en la zona conocida como La Ford se detectaron muchas anomalías, tanto en los giros comerciales, como en los pagos de predios y de impuestos "del tamaño del remedio es la enfermedad".
"Nos costó mucho trabajo ubicar a los propietarios porque existen tres diferentes nombres de lo que fue el Ejido de Santa María Aztahuacán. Los cambios no aparecen en el Registro Público de la Propiedad, hay adeudos de predial de hasta 30 mil pesos y no coincide la nomenclatura de las calles con los datos del catastro", señaló.
Por su parte, los abogados Ingrid y José Manuel Tapia, quienes llevarán la defensa de algunos de los afectados, expresaron que "si las autoridades realmente pensaban en la población, hubieran expropiado para hacer una planta de agua".
En tanto representantes de locatarios informaron que al menos 800 familias fueron afectadas por la expropiación.
Aseguraron que del total de los locales, 86 están regularizados y trabajan cono todos los permisos correspondientes.
Pero la consejera jurídica contradijo estos datos y aseguró que de los 247 locales que había en el predio sólo 39 cuentan con aviso de apertura en la delegación y el resto operaba en la ilegalidad.
Dijo que en los predios sólo había nueve viviendas habitadas por familias que ya están recibiendo orientación para que se les apoye con el pago de renta.
Desde sus punto de vista las irregularidades de los predios son mayores que en Tepito por lo que estimó que el gobierno sólo pagará alrededor de 51 indemnizaciones a quienes demuestren la propiedad legal de los locales. (Con información de Alejandra Martínez, Ella Grajeda y Sara Pantoja)