Un septuagenario que conducía una camioneta la arrolló, a ella y a otras 25 personas, afuera de la secundaria 96, en la colonia La Perla.

Alejandra fue trasladada al hospital Magdalena de las Salinas, donde le amputaron la pierna izquierda.

Cumplió sus 15 años en el hospital de Tacubaya, donde la llevaron después para su recuperación. Ya no se puso su vestido ni bailó el vals con sus chambelanes. Un pastel en el nosocomio fue toda la celebración.

El 13 de diciembre la dieron de alta y ya no pudo regresar a su casa porque su padre, quien vende paletas de hielo en los camiones, no tuvo dinero para pagar la renta y ahora viven con su tía.

Javier González Martínez, padre de Alejandra, asegura que desde que se registró el accidente no han recibido ayuda alguna para pagar los gastos hospitalarios de su hija y mucho menos indemnización del responsable del percance, Rafael Círigo Espinoza, quien salió bajo fianza al depositar 160 mil pesos.

"El juez del Juzgado Quinto Penal de Nezahualcóyotl, Jacinto Baltasar, que lleva la causa 227-06, no ha liberado recursos para nosotros porque dice que mi hija ya está bien y no necesita dinero", acusó Javier González, a quien el magistrado le ofreció 30 mil pesos como compensación.

"Lo que yo quiero es que ayuden a mi niña por el daño que le hicieron, ya le afectaron sus sueños, sus ilusiones, hasta su alegría le quitaron", explica entre sollozos Javier González.

Alejandra requiere de una prótesis que cuesta 230 mil pesos.

Acostada en su cama de la humilde vivienda de su tía Alicia, de techo de lámina de asbesto, rodeada de carteles y productos de su equipo favorito, el Cruz Azul, Alejandra sueña con conocer a César Delgado, El Chelito, jugador argentino de La Máquina, su ídolo.

"Sería un sueño conocerlo", asegura Alejandra, que sólo se anima un poco cuando se habla del futbolista.

El desamparo

Carlos Alberto Pérez Cuevas, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Cámara de Diputados del estado de México, denunció que nadie se preocupa de que las personas que son víctimas de accidentes automovilísticos sean indemnizadas.

El 21 de diciembre de 2005 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el decreto mediante el cual el mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, creó el Instituto de Atención a las Víctimas del Delito, órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia de la entidad que, según el legislador panista Pérez Cuevas, no ha funcionado.

Una de las razones por las que es inoperante, sostuvo, es porque no cuenta con recursos para apoyar económicamente a quienes resultan lesionados en los percances viales.

Rosa María Saldívar Pérez, titular del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, reconoció que la dependencia a su cargo no dispone de presupuesto para ayudar a las personas y familias que resultan afectadas en los accidentes.

Lo único que podemos hacer, dijo, es proporcionarles auxilio sicológico a las víctimas.

Saldívar Pérez señaló que quienes tienen que aplicar la reparación del daño de las víctimas son el Ministerio Público y el Juzgado, porque así lo considera el Código Penal.

Sin embargo, el congresista Carlos Alberto Pérez afirmó que eso no ocurre.

"En realidad, no hay reparación del daño. Si el responsable del accidente dice que no cuenta con recursos económicos no hay quien se haga cargo de los gastos hospitalarios de las víctimas", manifestó.

Santos Montes Leal, abogado penalista, aseguró que por la corrupción que existe en los ministerios públicos y en los juzgados de la entidad, las víctimas no reciben la compensación económica que establece la ley.

"Los jueces en muchas ocasiones no determinan las indemnizaciones más justas, porque abogados y gestores se conocen cotidianamente, pues una o dos veces al día atienden conflictos de este tipo con los servidores públicos", afirmó.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en el valle de México, el porcentaje de automotores asegurados con cobertura de daños a terceros es de poco más de 40%, aunque no hay datos precisos al respecto.

Rodolfo López, director general de Servicios de Autotransporte de la Secretaría de Transporte mexiquense, estimó que cada año 140 mil automóviles particulares nuevos se agregan a la lista de unidades con seguro automotriz, "pero como en el estado de México no es obligatorio contar con seguro, no se tiene un registro exacto de cuántos vehículos privados cuentan con él", explicó.

La fracción panista en el Congreso mexiquense, anticipó el diputado local Pérez Cuevas, presentará una iniciativa de ley para que todos los automovilistas cuenten con seguro de daños a terceros en caso de accidentes viales.

Los asegurados

Durante 2005, las 31 compañías de seguros que operan el ramo de Gastos Médicos Mayores y Salud en México pagaron más de 13 mil millones de pesos a víctimas por concepto de diferentes tipos de siniestros ocurridos, financiando así a más de 350 mil familias mexicanas que padecieron alguna enfermedad o accidente de uno de sus miembros.

La Secretaría de Salud calcula que 2 millones de familias al año registran una crisis económica por la falta de una póliza de gastos médicos por algún problema que se les presenta.

Durante 2005, las compañías aseguradoras tuvieron que desembolsar, en dos casos de accidentes automovilísticos, más de 10 millones de pesos por indemnización a las víctimas.

Los gastos para una persona que sufrió un percance automovilístico grave y que carece de seguro, indica la AMIS, podrían elevarse hasta los 5 millones de pesos.

Cuando la vida vale 100 mil pesos

A Nicolasa Mondragón Retana le quieren pagar 100 mil pesos por la vida de su esposo Teodoro López Retana, de 48 años de edad, quien fue una de las 22 personas que murieron el 28 de diciembre pasado en Cuautitlán, cuando el autobús en el que viajaban fue embestido por el tren.

Los representantes legales de la línea de Autobuses México-Melchor Ocampo, SA (AMMOSA), eso fue lo que le ofrecieron, pero ella todavía no acepta.

"Es muy poco lo que me dan, porque él era el sostén de la familia, tengo siete hijos, cinco de los cuales todavía dependen de mí; sin mi esposo, ¿qué vamos a hacer?, porque lo poco que tenía ahorrado ya se fue en los gastos", narra doña Nicolasa, quien limpia casas ajenas para ganar unos centavos extras.

Para otorgar el perdón a José Alberto Domínguez Hernández, de 36 años de edad, conductor del camión, que se encuentra recluido, Nicolasa considera que la cantidad debe ser mayor.

"Por lo menos 160 mil pesos, porque todavía tengo que sacar adelante a mis hijos", propone.

Nicolasa tampoco ha recibido ayuda oficial y mucho menos de la empresa inmobiliaria donde laboró durante siete años su esposo Teodoro.

"Sólo para nosotros es importante mi esposo, para los demás la vida de él no vale nada", lamenta.