Incluso, en algunos casos, los permisionarios no descartaron que busquen ampararse contra la medida, además de realizar diversas manifestaciones.

Señalaron que es falso que autoridades o representantes de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) se hayan puesto en contacto con los concesionarios, aunque dijeron que están dispuestos a dialogar.

El proyecto anunciado por Armando Quintero, titular de la Setravi, señala que el Metrobús correrá desde Tacubaya hasta la clínica del ISSSTE en Zaragoza y en el trayecto se invertirán 350 millones de pesos.

José Antonio Sánchez Escalona, dirigente de Rutas Unidas, adelantó que preparan un documento para presentarlo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y así quejarse contra esa medida, pues la consideran una arbitrariedad del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

En tanto, Martín Pérez, dirigente de la ruta 86, manifestó que sus agremiados necesitan tener certeza jurídica para apoyar un proyecto de esa naturaleza.

Puso como ejemplo que varios concesionarios han adquirido unidades a crédito y si los sacan de su ruta sin opciones para continuar trabajando el microbús, no podrán continuar con el pago de las mensualidades, ya que la mayoría de los vehículos están en financiamientos a varios años.

Destacó que esta ruta sólo coincide en un primer tramo, a la altura del ISSSTE-Zaragoza, con el proyecto del Metrobús, pero resultarían afectadas al menos 105 unidades.

Estimó que serían más de 220 familias las afectadas, ya que cada microbús tiene dos operadores; además, algunos llevan "cacharpos" (ayudantes en el cobro).

Dijo que ayer por la mañana se reunieron los dirigentes de las rutas 86, 49, 78,31 y 53 y todos coincidieron en que resultarán afectados.

Por separado, José Antonio Sánchez Escalona mencionó que sería mayor el número de afectados, pues tan sólo en las rutas 11 y 27 hay en circulación 450 unidades, por lo que mil 300 familias serían dañadas, ya que hay un concesionario y dos operadores por cada una.

Aunado a ello, dijo, se quedarían sin trabajo "talacheros", despachadores y ajustadores de tiempo en el recorrido.

En materia financiera, comentó, tampoco conviene el servicio, pues el costo sería de 3.50 pesos, cuando en realidad debería ser de 5.50, por los gastos de operación.

Ello, afirmó el dirigente, afectaría a los usuarios, quienes en promedio pagan 2.50 pesos.

En tanto, durante un recorrido, se observó que el eje 4 Sur es de características irregulares, ya que en algunas zonas, como a la altura de Rojo Gómez, tiene hasta siete carriles, pero al entrar a la avenida Canal de Tezontle se reduce a tres.

Además, en distintas áreas, los automovilistas deben sortear los baches, aunado a que el asfalto no está con los señalamientos de los carriles, por lo que los conductores deben tener precaución extrema.