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Revisan Ley de Guarda y Custodia

Propondrán transformar la reforma de 2004
Jueves 16 de noviembre de 2006 Mónica Archundia | El Universal

La Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), junto con organizaciones civiles, el Instituto de las Mujeres de la ciudad (Inmujeres-DF) y la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) impulsan nuevas reformas a los códigos Civil, de Procedimientos Civiles y Penal en materia de guarda y custodia, con el propósito de transformar las modificaciones aprobadas en 2004.

Este jueves Leticia Quezada, presidenta de la Comisión, llevará al pleno del órgano legislativo la iniciativa para cambiar 14 artículos, derogar cuatro y adicionar cinco a estas normas a fin de proteger a los hijos de matrimonios en proceso de divorcio.

Las reformas pretenden eliminar la penalización de las madres que han sufrido maltrato y que -a partir de los cambios introducidos en 2004- están obligadas a facilitar la convivencia de sus hijos con el padre, a pesar de su actitud violenta y para evitar ir a la cárcel y perder la guarda-custodia de sus pequeños.

También consideran regresar a los 12 años, y no los 7 como se había hecho, como la edad en que los hijos permanezcan al cuidado de la madre.

La iniciativa mantiene la figura de custodia compartida, introduce el concepto de deber de crianza que tienen ambos padres y define lo que significa el interés superior de los menores.

Con estos cambio se pretende crea la figura del "asistente del menor", es decir una sicóloga, trabajadora social o pedagoga del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DF (DIF-DF) que acompañe y auxilie al pequeño en las audiencias para que no se sienta intimidado por el juez o los padres.

Se considera también la violencia familiar como factor para perder la patria potestad sobre los hijos.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la propuesta de cambio, Bárbara Yllán, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF, dijo que hasta ahora no es posible acreditar al 100% el delito de violencia familiar para suspender los derechos de convivencia con alguno de los padres por lo que "debe haber medidas precautorias y cuando exista la mínima sospecha de abuso sexual suspender la convivencia".

Dijo que al menos 10% de los divorcios que se registran en la ciudad tienen averiguación previa, lo que significa que uno de los cónyuges no deja al otro ver a sus hijos.

Alicia Elena Pérez Duarte, fiscal especial de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, detalló que además se pretende eliminar el concepto de alienación parental, usado por los padres para acusar a las mamás de estar mal sicológicamente.



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