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Impiden suicidio de manifestante en Chimalhuacán

Presumen ex bibliotecarios de ese municipio que su despido se debe a que simpatizan con el PRD. Sus plazas serán otorgadas a activistas de Antorcha Popular, acusan
Domingo 17 de febrero de 2002 Juan Lázaro | El Universal

CHIMALHUACÁN, Méx. Con una navaja de rasurar, el bibliotecario Melquiades Gutiérrez se cortó las venas de ambos brazos, desesperado porque el alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez lo despidió, junto con otros 70 empleados municipales, supuestamente por reducción de presupuesto en la nómina. Melquiades Gutiérrez fue el trabajador municipal que este viernes se amarró a una cruz de madera, para luego gritar: "¡El presidente municipal Jesús Tolentino es un terrorista, quiere que se derrame más sangre en Chimalhuacán!". Sin embargo, como no le hacían caso, se cortó las venas de sus brazos y así estuvo crucificado hasta que llegaron paramédicos de la Cruz Roja de los Reyes La Paz, para prestarle auxilio. El regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge González Martínez, informó que no hay tal reducción de presupuesto ni de personal en el ayuntamiento de Chimalhuacán, sino que los espacios de los 100 trabajadores fueron dados a activistas de Antorcha Popular, cuyo dirigente estatal es el alcalde Jesús Tolentino Román.

Sin embargo, Inocente Ibarra Peña, director jurídico del ayuntamiento de este lugar, señaló que sólo fueron cerca de 75 empleados dados de baja, y sus lugares cancelados, "para ahorrar dinero y destinarlos a obras públicas". En Chimalhuacán, según información de la directora de Recursos Humanos, Ana Lilia Gutiérrez Torres, hay más de 2 mil empleados, aunque negó dar a conocer de cuánto es la nómina y el dinero que se ahorraría con los despedidos. El subsecretario de la zona 6 del gobierno del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, acudió al municipio de Chimalhuacán, para servir como mediador entre el gobierno local y los manifestantes, con tal de que no se continuara con la crucifixión de Melquiades Gutiérrez. Ávila Villegas logró sentar a la mesa a ambas partes, ya que el regidor perredista Jorge González acusaba al gobierno de Jesús Tolentino que las plazas de los despedidos serían ocupadas por activistas de Antorcha Popular. Mientras que el representante legal del ayuntamiento, Inocencio Ibarra, aseguraba que no era cierto, debido a que se pretendía ahorrar en el gasto de la nómina. Sin embargo, durante las negociaciones, el gobierno local le ofreció siete plazas al regidor, para que ya no continuara con las protestas y "quedara en santa paz el municipio", informó el propio Jorge González. Los casi 100 despedidos aseguraron que continuarán con sus manifestaciones, luego de que consideraron que el presidente municipal Jesús Tolentino Román los despidió por ser simpatizantes del PRD.



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