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Vecinos del conjunto residencial Tlalpan II dieron a conocer que luego de dos años ganaron la batalla legal en contra de una gasolinera que operaba de manera irregular en el número 4097 de Insurgentes Sur.

Explicaron que luego de haber interpuesto denuncias y realizado manifestaciones, el 7 de junio de 2010 la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y el 24 de noviembre del mismo año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fallaron en su favor.

Resolución que en la sesión del pasado 19 de octubre fue ratificada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos desechó el amparo interpuesto por el dueño de la estación de servicio.

Ahora sólo esperan que el Tribunal de lo Contencioso emita una nueva sentencia en la que se instruya a regresar el predio en sus condiciones originales. Luego la delegación Tlalpan, así como las secretarías de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda, tendrán 15 días para acatar el fallo judicial.

“Vamos a urgir a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que dejen las cosas como estaban hasta antes del inicio de la construcción”, dijo Steven Czitrom, presidente de la mesa directiva del condominio Tlalpan II.

Javier Méndez Guzmán, vocero de los vecinos, indicó que insistirán en ello ya que en ocasiones aun cuando las obras son clausuradas, después de algún tiempo vuelven a operar.

“Somos reiterativos sobre este punto porque ha ocurrido ya, en administraciones anteriores, que pese a las resoluciones de las mismas autoridades de gobierno, las construcciones quedan ahí y al paso de los meses mediante los clásicos subterfugios jurídicos que todos conocemos, y como fue en nuestro caso, estas instalaciones son puestas en servicio”, advirtió el vocero de los vecinos.

Los habitantes del conjunto Tlalpan II advirtieron que una vez terminado el litigio esperan que el gobierno capitalino acate el fallo de la Corte, de lo contrario “haremos todo lo necesario que esté en nuestras manos, para que se cumpla”.

Rolando Cañas Moreno, abogado de los vecinos inconformes, aseguró que la resolución ya no puede ser modificada y agregó que “como un caso excepcional” los tribunales aceptaron el interés de los ciudadanos, que si bien se encuentran contenidos en las leyes hace muchos años, difícilmente es acogido, salvo que haya una afectación directa al interesado.

De acuerdo con los colonos, la construcción causa daños ambientales, así como el riesgo de convivir con una gasolinera a un costado de sus viviendas, a menos de 20 metros.