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Los legisladores capitalinos avalaron, durante la aprobación de las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la regularización de predios ubicados en zonas de conservación ecológica.

En el artículo 50 de la ley, el suelo de conservación se dividió en siete categorías, una de ellas, recibió la denominación de “áreas de transición”.

El diputado perredista Fernando Cuéllar Reyes reconoció que son las áreas que están consolidadas, es decir urbanizadas, pero que se encuentran instaladas en suelo de conservación. “Desafortunadamente hay un alto número de este tipo de predios irregulares que están en esta situación”, aceptó.

Incluso dijo que hizo un recorrido por la delegación Tlalpan, en los límites de Magdalena Contreras, donde hay varias zonas urbanizadas en suelo de conservación, por lo que consideró que esta nueva categoría ayudará a poner un mayor orden en esas zonas.

Guillermo Sánchez Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, aceptó que se van a regularizar muchos predios que están en esta condición, y aunque rechazó decir cuántos serían incorporados a un nuevo uso de suelo, trascendió que podrían ser más de 2 mil.

El diputado panista Rafael Calderón Jiménez propuso que los 16 jefes delegacionales presenten un informe de todos los predios irregulares para definir cuáles podrían ser contemplados para integrarlos a esta categoría, pero lamentó que los perredistas se valgan de argucias para meter artículos que favorecen a sus organizaciones.

Apoyo a los niños

En otro tema, el pleno de la Asamblea Legislativa pretende aprobar una serie de iniciativas a favor de los niños.

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no iniciaba una reunión de trabajo para discutir los dictámenes y aprobarlos. Estas modificaciones buscan impulsar acciones y programas en pro de la niñez e incluye la creación del Instituto para la Defensa de los Derechos de los Niños y Niñas, el cual tendrá como función evaluar la incidencia gubernamental en la calidad de la vida de los infantes y no solamente contabilizar cuántos desayunos o becas se otorgan a ese sector.

Legisladoras han manifestaron su interés por apoyar a los menores de edad en problemas de salud como la obesidad, y a aquellos que son víctimas de violencia o abuso sexual.