Ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, informaron que obtuvieron un amparo directo contra la venta de sus tierras para la construcción de la línea 12 del Metro, por problemas legales que se descubrieron al momento del parcelamiento, es decir, convertir en propiedad privada la tierra ejidal.

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó la protección legal, en noviembre pasado, de 2 mil 500 metros cuadradados, pues el proceso de parcelamiento presentó irregularidades. En esa área, ubicada en el polígono 3, la empresa ICA construye el intertramo de la terminal de Tláhuac con la estación Tlaltenco.

El número del amparo directo es DA-388/2009-6362 y fue promovido por Roberto Torres Leyte. Los afectados aseguraron que hay otros dos amparos directos que se otorgaron la semana pasada en el mismo sentido.

“Es una bomba jurídica”, describió Gabriel Reyes, ejidatario promovente de los juicios de amparo.

En conferencia de prensa, un grupo de afectados explicaron que en el amparo directo que obtuvieron, el Tribunal Colegiado ordenó que se reponga el proceso para determinar la situación jurídica que guarda la parcela en controversia y se deje “insubsistente” la sentencia 200/2009 emitida por un Tribunal Unitario Agrario en agosto pasado.

Gabriel Reyes detalló que las irregularidades en el parcelamiento están desde el año 2000, cuando el entonces comisariado ejidal empezó el proceso que hasta hoy sigue inconcluso.

Añadió que en los recursos que han interpuesto ante la Procuraduría Agraria en el DF para remover al comisariado ejidal, Juan Carlos Leyte, las autoridades responden que no procede porque no hay un padrón actualizado.

“La expropiación de nuestras tierras no se justifica legalmente, y la compra-venta de los terrenos en que se planea la construcción de la terminal de la línea 12 del Metro y sus talleres se realizó al margen de la ley”, dijeron en un comunicado que leyeron en la conferencia.

Añadieron que “el amparo concedido reafirma lo que siempre hemos defendido públicamente: los ejidatarios fuimos despojados con artimañas y acciones corruptas de algunas autoridades que, como el Registro Agrario Nacional, registró las ventas de forma arbitraria, pisoteando el derecho agrario, la Constitución y los derechos de los ejidatarios”.

Reyes explicó que la compra-venta del comisariado con las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, presenta deficiencias jurídicas.

“En muchos casos se compró al propietario, pero no poseía la tierra; entonces, ¿qué vendió?”, cuestionó. También dijo que hay algunos casos en que los dueños de la tierra tienen sus títulos de propiedad de 300 a mil metros del punto original, lo que los excluye del área de afectación por la línea 12.

Argumentó que está el hecho de que las autoridades pidieron “el paso de servidumbre” y no “el derecho de vía”. Esto significa que en la primera se puede circular sobre la tierra y no construir, mientras que en la segunda si se puede edificar. “Y ya construyeron”, dijo.

“Estamos abiertos a la venta”

Sobre las consecuencias legales, Reyes comentó que serán las autoridades competentes quienes determinen los pasos a seguir, pero afirmó que están en proceso “muchos más”. En el trazo de la línea 12 del Metro, dentro de los polígonos 1 y 2, hay al menos 56 parcelas cuyos propietarios han promovido amparos, dijo.

Cuestionado sobre si estarían dispuestos a vender sus tierras, comentó que primero buscan que se les restituya su propiedad y luego analizarán esa opción. “Estamos abiertos”, dijo.

El gobierno del DF, a través del STC, ha adquirido las tierras para la Línea Dorada, que irá de Mixcoac a Tláhuac. De los polígonos 1, 2 y 3, hasta noviembre de 2009 se tenían compradas 166 parcelas por 221 millones 984 mil pesos. Uno de los problemas que ha señalado para la compra de los terrenos son los trámites ante el Registro Agrario Nacional.