fernando.martinez@eluniversal.com.mxCon las declaraciones de los elementos de la Policía Auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) que escoltaban a José Jorge Balderas Garza, alias El J.J., el día que agredió al futbolista Salvador Cabañas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investiga qué itinerario siguieron tras el ataque, al salir del Bar Bar.
“Hay una ruta, que es la que comento que se está tratando de seguir, de armar, según su dicho, a ver si concuerdan tiempos y movimientos”, declaró el encargado de despacho de la jefatura general de la Policía de Investigación, Mario Alberto Izazola Álvarez.
Aunque los policías Margarito Cruz Ramírez, Mariano López Morales y Mario Zamarripa Martínez indicaron en sus declaraciones que tras conocer lo sucedido se pusieron a disposición del mando y permanecieron en su batallón, la Procuraduría capitalina no ha podido determinar cuál fue el último punto donde los escoltas dejaron a los presuntos agresores del delantero paraguayo.
Hasta ahora, las autoridades tampoco han podido saber si habrían salido de la ciudad de México, protegiendo al agresor tras abandonar el bar Bar en Insurgentes Sur, en la colonia Florida, el 25 de enero.
“Lo que ellos están comentando es que ni siquiera reconocen las placas del vehículo, entonces por esa razón es que se está profundizando en la investigación”, agregó el encargado de despacho de la jefatura general de la Policía de Investigación de la PGJDF.
Consignan expediente
De último minuto, la PGJDF informó que el Ministerio Público de la coordinación Álvaro Obregón 4 consignó el expediente sin detenido ante un juez penal de El J.J. por tentativa de homicidio calificado.
En el caso de su presunto socio, identificado como El Paco, o El Contador, se deja desglose para continuar con la investigación encaminada a su localización y captura. La Procuraduría dijo que remitió una copia certificada de la averiguación previa a la Subprocuraduría de investigación especializa en delincuencia organizada (SIEDO) de la PGR por la posible comisión de hechos delictivos del fuero federal.