Empresas telecom piden colaboración a autoridad

Anatel: falta de apoyo para combatir ilícitos, como llamadas desde centros penitenciarios
25/04/2018
02:48
Carla Martínez
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La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) llama a las autoridades encargadas de la justicia y regulación en el país para trabajar juntos en el combate a la corrupción y delitos que afectan a la industria.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gabriel Székely, director general de la Anatel, reconoció que no es sencillo combatir la inseguridad en el país, por lo que se requiere de recursos y colaboración entre las autoridades, el regulador y la industria.

“Quisiéramos conminar al comisionado Nacional de Seguridad para que restablezca la mesa [de diálogo con la industria] que ha funcionado en el pasado y que los órganos dentro de esa comisión cumplan con su deber que está en la ley”, dijo.

Al inicio de la administración, la Comisión Nacional de Seguridad estableció un equipo de trabajo con la Anatel, mismo que duró alrededor de cuatro años.

“Cada mes había que ir a tres penales en distintos puntos de país a ajustar y arreglar las cosas, porque un penal llevaba años sin dar mantenimiento al bloqueador [de llamadas] o no funcionaba”, relató.

Estas acciones ponían presión a la autoridad local para que estuviera presente con su experto para que arreglara el bloqueador. “De ese ritmo, de repente, coincidiendo con el último comisionado de seguridad, [hubo] cero colaboración”, dijo Székely.

Se ha señalado que las empresas sólo quieren dinero, pero los operadores dan servicio a cientos de personas que viven cerca de los penales o que transitan por ahí.

“Más bien, el costo es para los usuarios, por su mal servicio, y para las empresas, por su pésima imagen”, dijo.

Por otra parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también tiene una responsabilidad que está en la ley.

“Sabemos que hace su esfuerzo, pero no hemos visto, desafortunadamente, el resultado que todo mundo esperaría”, subrayó. Además, invitó a que el regulador apoye a la industria.

“Para que se restablezca lo que debe ser una obligación, no es que lo escoja o no una autoridad, es ayudar a resolver un problema que se origina en la incapacidad del Estado mexicano de tener centros penitenciarios donde no ingresen ilegalmente los equipos terminales”, afirmó.

La asociación representa a empresas como Telcel, AT&T, Telefónica Movistar, Altán Redes, American Tower, Nokia, entre otras.

Cifras de la Anatel indican que el reporte de celulares robados se incrementó seis veces entre 2012 y 2017, al pasar de 157 mil denuncias a 787 mil, impulsado por la campaña sobre el uso del IMEI que funciona para que los móviles robados queden inservibles.

En los penales se instauró la obligación de colocar bloqueadores de señales de telefonía celular, pero no funcionan, destacó el directivo.

Székely explicó que los estudios realizados por la industria, donde las tres empresas de telefonía móvil monitorearon sus radiobases durante 24 horas al día y por tres semanas de manera simultánea, revelaron que hay llamadas que salen del patrón de llamadas de las zonas aledañas a penales estatales y federales.

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