En diciembre de 2016, Eduardo Torreblanca nos preguntaba a sus invitados en una mesa de análisis, si el bajo salario mínimo en México era principalmente un problema del modelo económico o ético.

Luis Pazos respondió que era ético, luego yo respondí que era del modelo económico, Ernesto O’Farrill coincidió con Pazos y Ricardo Becerra dijo que de los dos.

Mi respuesta se basaba en que la fijación del salario mínimo se ha usado como una ancla antinflacionaria y que el modelo de promoción de exportaciones buscaba ganar competitividad a partir de bajos costos salariales, lo que permitiría promover la inversión nacional y extranjera.

La negativa a un alza sustancial al mínimo provenía del Banco de México (Banxico) que en junio de ese año había hecho público un estudio donde mostraba el efecto “faro”, esto es el contagio hacia otras negociaciones salariales y que ello podría provocar inflación.

Hubo una acalorada disputa porque se argumentaba que en ningún lugar se fijaban salarios mínimos y que ni en China se hacía, que era una discusión ya superada desde los 80.

Se afirmaba que en México ya nadie ganaba el mínimo y se desconfiaba de las cifras oficiales, poniendo como ejemplo que las propinas en los restaurantes no se registran como ingresos.

Se aclaró que en muchas partes del mundo se decretan mínimos o incluso se han restablecido como es el caso de Alemania, buscando fijar niveles mínimos de bienestar, incluidos los residentes extranjeros, lo que ha ocasionado una airada protesta de la extrema derecha.

En Estados Unidos, durante el segundo periodo de Barack Obama, se discutió ampliamente la necesidad de subir el mínimo para enfrentar el problema de la caída del nivel de vida.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que la estructura salarial no ha cambiado mucho respecto a los ingresos que recibe la población ocupada.

Durante el tercer trimestre de 2016, 15.1% tenía ingresos hasta un salario mínimo, 26.2% más de uno hasta dos salarios mínimos, y 7% no recibía ingresos (se incluye a trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades agrícolas de subsistencia), por mencionar a los estratos críticos.

Para el pasado trimestre, los porcentajes fueron respectivamente: 14.1%, 26.1% y 6.6%. Esto es, 20.7% de la población ocupada, una de cada cinco, sigue ganando menos de un salario mínimo.

Por otra parte, el temible efecto faro no se dio. A pesar de que el salario mínimo aumentó 9.58% en enero de 2017 a 80.04 pesos el día, el incremento salarial contractual nominal en las Jurisdicciones Federal y Local en el periodo enero-agosto promedió 4.7%, por lo que en términos reales hubo una contracción de 0.95% y con una tendencia negativa, ya que en agosto el alza nominal fue de 4.2% y la variación real fue de -2.28% porque la inflación en tasa anual ese mes alcanzó su tope (6.66%).

El alza de la inflación se generó por el impacto directo e indirecto del incremento de los energéticos en enero y por el traspaso rezagado del tipo de cambio a los precios, como lo volvió a ratificar el Fondo Monetario Internacional el pasado día 13 en el anuncio de la Consulta del Artículo IV con México.

De hecho, la liberalización plena del precio de la gasolina se pospuso para fecha indefinida para evitar un efecto inflacionario, lo mismo que las tarifas eléctricas con el alza a los subsidios, obviamente para evitar que repercuta en las elecciones del 1 de julio de 2018.

Recordemos que cuando se autorizó el alza de 2017, para el resto de los salarios profesionales se fijó un tope de 3.9%.

Este año se repite la dosis, un aumento al salario mínimo de 10.39% a 88.36 pesos, esto es, de 8.32 pesos diarios como un monto independiente de recuperación (MIR), y un incremento de 3.9% a los salarios mínimos profesionales; por lo que cada vez se acercan más estos al mínimo general.

De las pocas cosas buenas que tiene el aumento, es que al decretarse su aplicación a partir del 1 de diciembre, tendrá efectos favorables en los aguinaldos de la población. Sin embargo, va a despertar un gran malestar porque sigue estando por debajo de 95.20 pesos, que es la Línea de Bienestar que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Finalmente, se impuso el criterio del Banxico. Agustín Carstens había recomendado recientemente prudencia en la decisión de aumentar el salario mínimo para evitar un impacto en la inflación en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se había opuesto a la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de subirlo hasta 95.20 pesos.

Paradójicamente, queda más la sensación de que la decisión del alza al mínimo tuvo menos que ver con la necesidad de recuperar el nivel de vida, impulsar la reactivación del mercado interno, reducir la pobreza, fortalecer la cohesión, etcétera; que con las acusaciones que se han hecho en Canadá y Estados Unidos a México de practicar dumping laboral.

Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx

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