Plantea CCE limitar deuda y equilibrar las finanzas del país

maria.saldana@eluniversal.com.mx

La aprobación del paquete presupuestal 2018 debe considerar necesariamente la contención de la deuda y un equilibrio en las finanzas públicas, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

“El gobierno debe gastar mejor y priorizar los recursos que se destinan para el desarrollo, la salud, la educación e innovación, así como construcción de infraestructura. En el último año de gobierno necesitamos un presupuesto que evite gastos innecesarios de fines electorales y que también evite la parálisis de la acción de gobierno en su última etapa de gestión”, expuso en su mensaje semanal.

Los legisladores tienen la tarea de aprobar el Presupuesto para el próximo año, pero también deben pensar en que antes de terminar su legislatura, necesitan legislar en torno al fortalecimiento del Estado de derecho, el cumplimiento de la misma y el combate a la corrupción, aseguró el líder de la cúpula empresarial.

Castañón dijo que el Congreso de la Unión debe considerar las prioridades anteriores y legislar, porque en materia de seguridad e impartición de justicia, “continúa pendiente la aprobación de una la Ley de Seguridad Interior que dote de certeza jurídica a las Fuerzas Armadas”.

Agregó que se requiere diseñar un marco normativo que dé certeza y seguridad jurídica para contar con policías civiles capacitados y certificados, además de que se necesita un ambiente de negocios que propicie el crecimiento económico.

Para ello, los legisladores podrían incorporar entre sus prioridades una ley general de mejora regulatoria, porque es indispensable que los tres órdenes de gobierno disminuyan “el exceso de trámites que enfrentan los particulares, sobre todo las micro y pequeñas empresas”.

Castañón agregó que el Congreso debe avanzar en la legislación secundaria de justicia laboral para tener un marco legal que apoye la productividad de las empresas.

Si se quieren mayores inversiones, desarrollo y crecimiento del país se debe crear el ambiente idóneo y los legisladores tienen la responsabilidad de “garantizar las condiciones para que dicho ciudadano y empresa puedan hacer su tarea”.

Aunque, dijo, está claro que ni el crecimiento económico ni el bienestar social se lograrán por decreto.

“Requerimos un marco institucional que facilite y fomente la inversión en México. Por eso y para detonar todo el potencial de la reforma energética y el aprovechamiento de recursos, es indispensable contar con marco legal, una ley general de consulta indígena, porque urge establecer reglas que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos originarios y al mismo tiempo promuevan la inversión productiva”, añadió.

Para Castañón, hay otras leyes que deben considerar los legisladores, como la Ley de Obras Públicas que mejore la calidad de las obras y “reduzca los espacios a la corrupción”. Además, recordó, está pendiente la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobar los nombramientos del fiscal especializado y los magistrados en la materia.