Hacer un trámite en México lleva hasta 7 horas: BID

En promedio, AL requiere 5.4 horas en gestiones; la región tiene el papeleo más difícil, reconoce
(ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
18/06/2018
02:08
Leonor Flores
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México se ubica arriba del promedio en horas y porcentaje de trámites regulatorios, de acuerdo con una nueva investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En promedio, en América Latina hacer un trámite toma 5.4 horas, en tanto que en México son 6.9 horas; Chile se coloca como el menos engorroso, con 2.2 horas.

Aumenta cuando son pago de impuestos, seguros y pensiones, con 8.2 horas, y el promedio en la región es de 3.8 horas y en Chile una.

De acuerdo con la publicación El fin del trámite eterno, ciudadanos, burocracia y gobierno digital, México se ubica entre la lista de los siete países con las gestiones más complicadas con 2 mil 708 trámites.

Para completar un proceso de identificación y registro por el canal presencial se necesitan 6.7 horas en México colocándose como el segundo país con mayor tiempo, sólo atrás de Bolivia, con 7.1 horas; Chile vuelve a ser el más rápido, con 1.5 horas.

Para el BID, un trámite va desde sacar el acta de nacimiento, tomar el autobús, pagar una multa, esperar en ventanilla, leer un aviso, llenar un formulario, mandar una carta o aprender a usar una página web.

El organismo explicó que México no explota los canales digitales, pues sólo 10% de personas reportó haber realizado su último trámite en línea, aunque 50% de los procesos ante el gobierno central son por internet.

Al ofrecer un trámite en línea, se eliminan varias oportunidades para la corrupción que existe en la prestación presencial, en particular la discrecionalidad que puede ejercer el funcionario y la posibilidad de solicitar un soborno a cambio del acceso, rapidez u otro trato, afirma.

La región más engorrosa. En general, el BID afirma que en la región los trámites son difíciles, lentos, vulnerables a la corrupción y excluyen a la gente con menos recursos.

Señala que muchos de los procesos todavía se gestionan en persona y en papel y que los ciudadanos pierden tiempo entre ventanillas. Afirma que en muchos casos terminan pagando sobornos a funcionarios.

De las consecuencias por la tramitología persistente, destaca que las empresas pierden horas productivas y, con ellas, competitividad.

Mientras tanto, el Estado se enreda en procedimientos complejos y manuales, y no logra conectar a las políticas públicas con beneficiarios objetivo; en definitiva, con trámites difíciles todos pierden, advierte.

Foco de corrupción. El organismo detalla que los procedimientos manuales, interacciones presenciales y falta de estandarización provoca que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos.

Afirma que la corrupción es ubicua, porque 29% de los latinoamericanos reportó haber pagado un soborno en un servicio público en el último año, más de 90 millones de personas, según datos de Transparencia Internacional de 2017.

Información de esta misma fuente muestra que los pagos de sobornos para recibir servicios varían en los países de la región: México, República Dominicana y Perú registran las mayores proporciones de personas que dijeron haber pagado un soborno, con 51%, 46% y 39%, respectivamente; Trinidad y Tobago, Brasil y Argentina reportan las menores tasas, con 6%, 11% y 16%, cada uno.

Refiere que la corrupción también existe en trámites empresariales según una encuesta de México, en la cual señala que los negocios creen que “agilizar trámites” es la razón de los actos de corrupción.

Este fenómeno en los servicios públicos afecta negativamente a los ciudadanos y al gobierno, dice la investigación; en los ciudadanos, no sólo tiene un impacto negativo en términos monetarios, sino que los beneficiarios elegibles para algunos programas no puedan acceder porque se han agotado los recursos.

Y para el gobierno el impacto se da en la efectividad de políticas públicas, porque existen individuos que pagan sobornos para acceder a servicios a los que no tienen derecho.

Asegura que esto hace que los individuos confíen menos en la capacidad del Estado para dar servicios de manera equitativa, lo cual erosiona la confianza en el gobierno.

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