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Después de que el gobierno mexicano desconoció el resultado de las pasadas elecciones en Venezuela, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió a las entidades financieras del país sobre los riesgos de realizar operaciones con sujetos y el gobierno sudamericano, porque pueden resultar violatorias de la normatividad vigente.

“Las autoridades financieras advierten a las entidades que operen al amparo de la legislación financiera mexicana, sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos, creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela, reputados como inválidos por los organismos internacionales y en consistencia con la Declaración de Lima”, informó la dependencia mediante un comunicado.

El documento, firmado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, destaca que tener operaciones financieras con Venezuela puede poner en peligro la consecución de las operaciones celebradas en contravención a las anteriores, en perjuicio del público en general.

“Adicionalmente, las autoridades se encuentran evaluando las medidas que habrán de adoptar respecto de aquellas entidades que tengan o celebren operaciones con las características señaladas”, dijo.

La dependencia informó que el 21 de mayo pasado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía acordaron que las autoridades competentes de cada país emitirían y actualizarían boletines para comunicar a sus sistemas financieros el riesgo en el que pueden incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela, que no cuenta con aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior, incluido bienes militares y de seguridad.

Críticas al proceso. Luego de las elecciones en Venezuela, que arrojaron como ganador a Nicolás Maduro, la Secretaría de Relaciones Exteriores desconoció la legitimidad del proceso, por no cumplir con los estándares internacionales de un ejercicio democrático, afirmó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que desde agosto de 2017, los gobiernos citados se reunieron en la ciudad de Lima, Perú, para abordar la situación en el país sudamericano y explorar cómo contribuir a la restauración de la democracia a través de una solución pacífica y negociada.

Así, a partir de la Declaración de Lima se destaca que los actos jurídicos que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando ésta los haya aprobado.

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