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La Secretaría de Gobernación (Segob) debe coordinar una Agencia Nacional de Ciberseguridad que se encargue de la estrategia correspondiente, proponen las organizaciones de la industria de telecomunicaciones y tecnología.

“Es muy importante que tenga el mandato y los recursos, hay responsables de la ciberseguridad en México y no hay duda que ha habido un avance muy importante, pero necesitamos un mandato más robusto y recursos”, destacó Ricardo Zermeño, director de la consultora Select.

En conferencia de prensa, reconoció que existe una escasez de recursos y recortes presupuestales, pero se necesita tener conciencia sobre las amenazas y el costo de un ataque.

A nivel global un ataque cibernético puede costar hasta 400 mil millones de dólares, y en México puede alcanzar hasta 5 mil millones de dólares, pero las cifras son poco confiables ya que no muchos afectados informan sobre el tema.

Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), destacó que se debe nombrar a un coordinador de esa agencia,
la cual debe mantener un diálogo
con la industria, así como compartir información del rubro.

Por otra parte, comentó que la ciberseguridad es parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo abordado como “un tema de cooperación
y colaboración”.

Además de la agencia, las organizaciones de telecomunicaciones proponen redefinir el marco jurídico armonizando las legislaciones federales y estatales, garantizar la protección de la infraestructura crítica y desarrollar habilidades y competencias para el nuevo ecosistema digital.

Advierten riesgos. La Canieti,
la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) y la Asociación de Internet.mx presentaron la Evaluación
de la Ciberseguridad en México,
donde se encontró que 65.3% de
las empresas encuestadas están
medianamente preparadas ante amenazas cibernéticas.

Además, 20.4% están poco preparadas y 14.3% están muy preparadas, dijo Zermeño.

La evaluación contempló 2 mil 500 medianas y grandes empresas, de las cuales 46.7% perciben que tienen una media probabilidad de daño a sus activos digitales.

Sobre la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, Javier Allard, director de la Amiti, señaló que debe ser de carácter obligatorio “sin ser legal”, es decir sin sanciones jurídicas de por medio.

En tanto, Pablo Cadena, vicepresidente de la Asociación de Internet.mx, mencionó que se debe entender qué parte de la cadena de suministro deben incluir la estrategia de ciberseguridad para mantener su operación y prevenir riesgos.

Este martes, EL UNIVERSAL informó que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad propuesta por el gobierno contempla una aplicación voluntaria para las empresas y entes de gobierno ajenos al Poder Ejecutivo.

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