Ley fintech está blindada ante cambios políticos

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La nueva ley para regular las instituciones de tecnología financiera conocida como ley fintech, está blindada ante cualquier cambio político, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La directora general adjunta de la Unidad de Banca y Ahorro, Ana Laura Villanueva, dijo que el mejor blindaje que tiene es que si bien no es un cambio constitucional, su objetivo es procurar la estabilidad del sistema financiero y prevención del lavado de dinero ante una nueva realidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que la ley coloca al país a la vanguardia y se da en un momento en que la tecnología cambia los servicios financieros.

“Es una ley que establece principios técnicos como el resto de la regulación financiera, que no están sujetos a cambios políticos, se establece una serie de principios con normas técnicas, y la tendencia es que proteja a las instituciones financieras”, aseguró Villanueva.

Cuando se publique será una ley obligatoria, señaló la funcionaria.

Matizó que toda la regulación estará encaminada a la protección y a la inclusión financiera.

¿Sólo para millennials? Villanueva consideró que la ley no está hecha exclusivamente para los millennials, sino para facilitar de una manera más segura el acceso de los servicios financieros, sobre todo para los que se encuentran en zonas alejadas de las ciudades.

Para los que no son millennials y que aún le temen a la tecnología, Villanueva dijo que es importante que independientemente de la generación a la que pertenezcan deben saber que la ley fintech va a dar mayor seguridad.

Ley fintech está blindada ante cambios políticos

Ponderó que nos encontramos frente a un momento interesante, en donde la tecnología va a permitir que la prestación de los servicios financieros sea mucho más sencilla accesible, pues en algunas zonas no existe infraestructura bancaria.

Sin embargo, ahora cada vez más personas tienen teléfonos inteligentes y con estos puntos de acceso, más la regulación y las nuevas entidades, hará más accesible los servicios financieros de manera más amable y saludable, manifestó.

Los tiempos. La funcionaria hizo ver que el Congreso aprobó una ley muy innovadora porque buena parte de la regulación estará en leyes secundarias, en los artículos transitorios se establece la periodicidad que va de seis meses hasta dos años.

Lo anterior con el propósito de que las nuevas entidades puedan hacer el trámite para obtener su autorización y estar en condiciones de operar bajo la nueva figura. La siguiente regulación se irá escalonando a lo largo de un plazo de dos años.

Consideró que será importante que haya un diálogo abierto entre las autoridades y los participantes del sector, para que la regulación se desarrolle adecuadamente.

“Es la misma filosofía bajo la cual operamos la construcción de la ley, esto con un diálogo, estamos seguros que es la única forma de hacer que la regulación sea realmente constructiva y contribuya a que el sector se desarrolle adecuadamente en beneficio de la población”.

Del procedimiento a seguir tras la aprobación de la ley en el Congreso, la funcionaria precisó que tiene que pasar a la Consejería Jurídica y después la debe promulgar el Presidente para finalmente ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cuando se emita la regulación secundaria, las autoridades financieras deben cumplir una serie de requisitos rectores que establece la ley, que son la inclusión y la innovación financiera para que pueda crecer el sector de manera sostenida.

También prevé como principio la protección al consumidor, en este caso la autoridad encargada de defenderlo es la Condusef.

Otro principio que las autoridades deben seguir es la preservación de estabilidad financiera, y esto se logra a través de una serie de normas prudenciales que ayudan a que las instituciones se mantengan sanas en sus finanzas.

Además de que se procurará la sana competencia entre todos los participantes y con el resto del sistema financiero y que haya un marco de prevención de operaciones ilícitas. “Esto es, que haya reglas muy particulares para prevenir el lavado de dinero”, finalizó Villanueva.