En los últimos dos meses Venezuela ha vivido episodios de violencia y estallido social como hacía mucho tiempo no se veían. Convertirse en un Estado fallido depende por supuesto de diversos factores internos y externos, pero sin lugar a dudas mala la conducción politica del gobierno de Nicolás Maduro ha exacerbado una situación ya de por si intolerante.

La pobreza, la falta de alimentos y medicinas han empujado a los venezolanos a las calles a protestar por el último acto de un presidente en la cuerda floja. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente pone de relieve los problemas estructurales de un Estado que hace tiempo ya no puede ser calificado como democrático.

Maduro, heredero designado del finado presidente Hugo Chávez, enfrentó una de las peores crisis económicas de un Estado que hasta hace poco tiempo gozaba de las mieles de los altos precios del petróleo. No más. Los precios cayeron y el autoritarismo se elevó por los cielos, al grado de generar cuando menos dos autogolpes de Estado en menos de dos años, luego de que la oposición lograra la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional.

El Tribunal Supremo, cuyos integrantes deben su puesto al chavismo, ha hecho hasta lo imposible por anular a la Asamblea Nacional, dictando sentencias que contrarían un adecuado respeto a las competencias de cada órgano como debería suceder en una democracia. Los mecanismos de control, limitados desde su mal diseño en la Constitución chavista del 99, han estado aún más acotados gracias a un Tribunal que ahora legisla, dicta y abroga leyes y trata de imponer al Parlamento sus decisiones al grado de asumir sus funciones y eliminar la inmunidad parlamentaria.

El día de ayer, la reunión de la Organización de Estados Americanos se suspendió por falta de acuerdos debido a las distintas visiones de los países de la región para hacer frente a este conflicto. México, representado por el canciller Luis Videgaray, declaró horas antes de la reunión que Venezuela presentaba rasgos autoritarios que debían ser evaluados por la comunidad internacional

“A mí como mexicano no me gustaría [que la comunidad internacional mostrara indiferencia] si de pronto en México hay un atentado tan grave contra la democracia [que] se cancelaran elecciones, se desconociera al Poder Legislativo, se encarcelara a los opositores, se utilicen los tribunales militares para enjuiciar a quienes marchan contra el gobierno”, señaló Videgaray.

Sus declaraciones, encendieron la chispa por considerar que con ellas México se involucra en un asunto de un Estado independiente y soberano, porque el país debe permanecer expectante y que sea Venezuela quien resuelva como pueda. Por meses, por años a comunidad internacional ha permanecido aletargada, silenciosa, observando lo que pasa con el vecino pero sin hacer más llamamientos en aras de un supuesto respeto a la soberanía de un Estado. Soberanía que, habría que señalar, ha sido violentada primero y principalmente desde el nivel interno, donde los ciudadanos se quedan cada vez más, sin armas para poder hacer frente al autoritarismo.

Puede criticarse que el canciller critique la situación en Venezuela bajo el argumento de ver la paja en el ojo ajeno. Sin embargo ¿acaso no tiene una parte de razón al señalar que, lo peor que pueden hacer los países de la región es mantenerse indiferente frente al sufrimiento de los venezolanos? ¿Acaso no es un objetivo del multilateralismo defender la democracia y la paz? Quizá sea tiempo de que cambiemos la visión de un México imparcial en estos temas por un México más comprometido defendiendo la democracia. Hacer oídos sordos escudados en una mal entendida neutralidad no ayuda a solventar la crisis humanitaria que hoy viven nuestros hermanos venezolanos.

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