Debilidades de la fiscalía anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción inició como la mayoría de los programas gubernamentales: a medias, respondiendo simplemente a los tiempos políticos y las conveniencias coyunturales.

 

Así también empezó a operar el Sistema Penal Acusatorio, sin contar con la infraestructura humana necesaria y sin haber capacitado a la gente que debe operarlo.

Así también se lanzó en el sexenio anterior la guerra contra el narcotráfico, sin planeación, por lo cual ha tenido funestas consecuencias.

Por ello vemos que en todo el país se inauguran carreteras que aún no están totalmente terminadas, hospitales que luego de construido el inmueble no llegan a operar, por citar ejemplos.

Primero actuar y después determinar si todo estuvo bien planeado es parte de la idiosincrasia gubernamental de nuestro México. Por ello somos uno de los países más sobreregulados, porque después de que empiezan a aparecer las fallas críticas se empiezan a “parchar” los sistemas y termina este convirtiéndose en un Frankenstein.

Así es que tenemos muchas instituciones que no alcanzan los niveles básicos de eficiencia y sistemas que no logran cumplir los objetivos para los que fueron creados.

En el ámbito gubernamental todo inicia “por decreto”, lo cual sumado a la falta de compromiso de quienes reciben la encomienda de llevarlo a cabo, termina llevando el compromiso hasta las fechas límites y con ello se crean las condiciones que culminan en la improvisación.

Como fase final generalmente ante estos escenarios adversos se hace necesario el “maquillaje” para que parezca un trabajo profesional. Los “fachadazos” que todos conocemos.

Por lo anterior el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones sin fiscal ni magistrados y con un alto índice de atraso en la instrumentación en los estados, no obstante que se tuvo tiempo para preparar su lanzaiento. La mayoría de los congresos estatales no terminaron reformando sus constituciones para crear una ley estatal anticorrupción y el plazo se cumplió el pasado 18 de julio. Hay diferentes niveles de atraso.

Sin embargo, hay un vicio de origen que condena al fracaso a todos los intentos de poner orden en los grandes problemas de este país. Nunca se pone a la cabeza de los organismos a la persona indicada por su capacidad, sino al amigo del funcionario que tiene el poder para imponer su voluntad, si la decisión está en el ámbito del poder ejecutivo, o la negociación por cuotas e intercambios de favores si le corresponde al poder legislativo.

Jamás se ha considerado como punto de partida la obligada pregunta inicial: ¿Cuál debe ser el perfil del funcionario que garantice el éxito en la responsabilidad que se le encomienda?.

El sentido común nos dice que sólo después que se identifican los atributos ideales para quien ocupe el cargo, se debe iniciar la búsqueda del candidato que reúna el mayor número de esos atributos.

En un ejercicio simple, ¿Qué atributos debe tener este fiscal anticorrupción?.

Primeramente, habrá que decirlo, la fiscalía anticorrupción debiese ser totalmente independiente del Poder Ejecutivo, pues es a quien va a vigilar en primera instancia, pero no es así, pues igual que la FEPADE, dependen directamente del Procurador General de la República.

Si el fiscal tendrá que pedir permiso para actuar en contra de algún funcionario corrupto, con toda seguridad todos los funcionarios amigos de su jefe y del jefe de su jefe, así como sus aliados políticos, estarán fuera de su radar, además de todos los compromisos políticos de sus superiores.

Desde este punto de partida, podremos suponer que se correrá el riesgo de casos de “simulación” donde la aplicación de la justicia en realidad será para perseguir a los enemigos de sus superiores, o también a quienes siendo del equipo de casa cayeron de la gracia de quien decide, así como los chivos expiatorios del sistema, esos que se sacrifican porque son vulnerables y permiten apagar la ira del pueblo. Muy difícil es que en nuestro sistema político se persiga aplicar la justicia a secas, caiga quien caiga.

Estas circunstancias limitarán a la fiscalía anticorrupción federal, así como a la que opere en cada uno de los estados.

¿Usted cree que un fiscal anticorrupción de un estado será capaz de cuestionar a un gobernador?... quien además será su jefe.

Es cierto que en otros países la fiscalía anticorrupción es parte del mismo gobierno.

Como ejemplo, vemos que en España depende de la Fiscalía General del Estado y esta estructura se ubica dentro del Ministerio Fiscal Español. Sin embargo, su propia cultura gubernamental lo permite y avala y lls fresultados positivos están a la vista.

Si los fiscales españoles no tuviesen una autoridad sustentada en la ley, nunca esta fiscalía podría haber inculpado a Iñaki Undargarin, yerno del rey Juan Carlos cuando inició el proceso y cuñado del actual rey Felipe VI, pariente a quien en febrero de este año se le condenó a seis años de cárcel mas tres meses, por el caso de corrupción orquestado por él en una institución filantrópica llamada Nóos. Además a su esposa, Cristina de Borbón, hermana del rey, se le castigó con una multa de 265 mil euros que corresponden a más de cinco millones de pesos mexicanos actuales.

La cultura política de ese país lo permite, pero en México ¿habrá algún fiscal anticorrupción capaz de castigar así a un familiar tan cercano de un presidente de la república en funciones?... ¿o un fiscal de un estado a un familiar de un gobernador?.

En Brasil el fiscal anticorrupción Rodrigo Janot presentó acusaciones en contra del actual presidente de la república, Michel Temer, por haber recibido sobornos y podría destituirlo, igual como hicieron con Dilma Rousseff.

En nuestra cultura política entreguista, donde todo se negocia con la ley en la mano y la justicia no responde a valores sociales, es impensable que el fiscal anticorrupción realmente cumpla con su responsabilidad, simplemente, o por un malentendido sentido de lealtad al jefe, o por la amenaza de ser destituido.

Por ello la fiscalía anticorrupción debe estar fuera de la PGR y cuando mucho depender del Congreso, o sea el Senado y la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ya es tarde para exigir una reubicación con autonomía para la fiscalía anticorrupción.
Por lo tanto, debemos apostarle a tener un fiscal que sea realmente un “paladín de la justicia”, casi equivale a decir un “superhéroe”.

Por tanto, es urgente definir un perfil del fiscal anticorrupción que garantice cumplir con la encomienda que queremos otorgarle los ciudadanos, pues operará en un entorno adverso y peligroso, pues tendrá que deslindarse de las instrucciones que con toda seguridad querrán darle sus superiores jerárquicos. Tendrá que enfrentarse incluso a ellos si existiesen sospechas o denuncias de corrupción.

Por tanto, este “superhéroe “en principio debiese tener una trayectoria cien por ciento honesta, comprobada a partir de una investigación profunda a lo largo de toda su trayectoria pública y privada. Debe ser una persona guiada por principios y valores morales, identificado ésto a partir de un estudio psicométrico profundo realizado por una institución extranjera para que no haya contaminación política. Además, ser un hombre de convicciones y fuerte carácter, capaz de enfrentar a los más altos niveles jerárquicos del país si fuese necesario. Esto es lo que debemos exigir los ciudadanos hoy que aún hay tiempo.

Si no fuese así, no esperemos gran cosa de la fiscalía anticorrupción.
¿Usted cómo lo ve?

@homsricardo
Facebook / RICARDO HOMS
www.ricardohoms.com