La entrevista a Max Morales, experto en negociación de secuestros, realizada por Héctor Jiménez Landín, respecto al secuestro y asesinato de la española María Villar explica que por el hecho de haber estado esposada con las manos sobre la espalda y amarrada de los pies, además de otros indicadores que conocen muy bien quienes trabajan en el ámbito de la seguridad, se infiere que sus captores y asesinos eran policías o que lo habían sido.

La afirmación de este experto en seguridad pone en evidencia una realidad muy grave y es que hay policías que llevan una doble vida, pues utilizan el cargo para delinquir en total impunidad.  Otros están coludidos con criminales.

La falta de interés de los funcionarios públicos de alto nivel por depurar a las corporaciones policiacas, permite que se logren infiltrar delincuentes que utilizan la información y sus relaciones con compañeros que les protegen, para cometer sus fechorías.

La realidad es que si la delincuencia sigue agrediendo a la sociedad con delitos de alto impacto como secuestro y desapariciones forzadas, es porque no está habiendo voluntad política para convertir a la seguridad ciudadana en una prioridad.

Lo más fácil es atacar la delincuencia desde dentro de las corporaciones policiacas y con ello seguramente se logrará un alto índice de disminución de este tipo de delitos, del mismo modo que es evidente que la violencia contra los migrantes centroamericanos tiene que ver con funcionarios del Instituto Nacional de Migración coludidos con bandas de delincuentes. El caso de los sacerdotes asesinados en este mes de septiembre es sintomático de este repunte de violencia.

La actitud indiferente ante la violencia y el deseo de cerrar los casos urgentemente y a como dé lugar, sin siquiera investigar, quedó de manifiesto en la declaración que dio el fiscal del Gobierno del Estado de Veracruz cuando culpó a los sacerdotes de Papantla asesinados, de haber estado bebiendo en una cantina con sus victimarios. Esta declaración hecha apenas el caso se convirtió en escándalo nacional, describe la mentalidad de una gran cantidad de funcionarios públicos ubicados en cargos que se vinculan con seguridad y justicia en todo el país.

Convertir en culpables a las víctimas por lo que les ha sucedido, consideran que les exime de responsabilidades y peor aun cuando las explicaciones convierten a las víctimas en delincuentes, afectando su honorabilidad y buen nombre y esto sucede continuamente en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

¿Qué acontecimiento tan grave tiene que suceder en este país para que los funcionarios públicos descubran que la impunidad que genera su indiferencia ante la violencia es precisamente lo que la estimula?.

Controlar a las corporaciones policiacas hoy no es difícil pues se puede utilizar tecnología de última generación para poder vigilar la conducta de todos los elementos policiacos. Cámaras de video dentro de las patrullas y equipos de geolocalización, todo controlado desde un mando central que vigile con monitores en tiempo real, impediría que se cometan actos delictivos por parte de los agentes.

Frente a la delincuencia lo único que vemos son conductas reactivas, totalmente previsibles, pero no hay una auténtica estrategia que resuelva el problema de la inseguridad desde sus orígenes, ni que la combata a fondo. Lo que falta es compromiso y voluntad política en todos los niveles de gobierno para resolver este problema.

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