La nueva aristocracia política

Igual que en la nobleza europea, está surgiendo una práctica que privilegia derechos de sangre en el reparto de oportunidades políticas en México.

Una de las caras de la corrupción es ésta.

Es justo reconocer que hay quienes, -teniendo vinculación familiar con algún político poderoso-, poseen la capacidad para justificar las oportunidades recibidas, pues traen talento político en su ADN personal. Además, se han preparado para participar en la política como una carrera profesional.

Vemos también que hay otros, -principalmente los de mayor edad-, que se dedicaron a la política como derivación de la vocación familiar, como en las familias de médicos o abogados, -por citar algunos casos-, y empezando a construir su trayectoria en los niveles básicos de la estructura gubernamental y política, es que hoy pueden decir que se han labrado una trayectoria personal  respetable.

Hay familias dedicadas a la política, no sólo en México sino también en el extranjero, como se puede ejemplificar con el caso de la familia Kennedy, así como la familia Bush, entre otras muchas. Estos casos siempre han sido respetados.

Sin embargo, si no hay una política que dentro de cada partido controle esta tendencia, se estimulará  la conformación de una aristocracia política frívola, banal y desentendida de las necesidades de las grandes mayorías sociales  vulnerables de este país, a las cuales los Juniors conocen a través de tours político electorales de tipo turístico.

Hoy vemos que dentro de los partidos políticos empieza a crearse una aristocracia sustentada en derechos “de sangre”.

Dentro de los partidos el favoritismo vulnera los derechos de militantes que trabajan por construirse oportunidades a partir de méritos personales, sin el apoyo de un familiar.

Hay alcaldes que pretenden heredar a sus cónyugues o hijos el cargo, o que acomodan en la estructura gubernamental a su familia y parentela como si fuese una empresa familiar. Por ello deben ser descubiertos, exhibidos y sancionados por este abuso.

A nadie se le puede negar su derecho a un trabajo y a oportunidades laborales, pero este favoritismo constituye un conflicto de intereses equiparable a corrupción.

Es necesario legislar para crear leyes que eviten el abuso y el creciente nepotismo.

COMENTARIO AL MARGEN

No sólo ha visitado México una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer las evidencias de tortura como práctica generalizada en el combate a la delincuencia, sino que ahora se recibió a Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien se entrevistó incluso con el presidente Peña Nieto.

Estas visitas muestran la creciente preocupación y alarma de la comunidad internacional por el uso de la tortura como método de investigación judicial.

Lo que ha trascendido en México a través de los noticieros nacionales es que el comisionado de la ONU expresó que México "va por el camino correcto" pues nuestro país ha tenido avances en materia de protección de las garantías individuales.

"Ha habido desarrollos legislativos muy importantes, incluyendo la reforma constitucional de 2011 y las enmiendas que han pavimentado el camino para nuevas leyes generales que atienden dos de las más apremiantes problemáticas de derechos humanos: la desaparición forzada y la tortura".

Sin embargo, poco se ha dicho referente a que Zeid Ra'ad Al Hussein expresó que respalda los hallazgos informados por la CIDH después de su polémica visita a México que tanto incomodó al Gobierno de la República.

Los mexicanos sabemos que entre lo que se legisla y queda definido en el ámbito constitucional y que ésto se lleve a la práctica, hay una gran distancia.

Somos un país de formas legislativas que enmascaran una realidad caracterizada por la impunidad.

Es más fácil erradicar este grave problema en el ámbito federal, que en la realidad cotidiana del interior del país, pues las procuradurías estatales y las policías municipales se conducen en la opacidad total, ignorando los acuerdos internacionales.