No matar al mensajero

Parece que hoy hablamos de dos países diferentes, el México real, -auténtico, lastimado y vulnerado-, al que alude la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Alto Comisionado  de Derechos Humanos de la ONU, -de reciente visita en México-, y otro, al que se refiere el gobierno de la república, quien nos describe al nuestro como un país utópico, donde se avanza a pasos agigantados en la defensa de la legalidad.

¿A quién quiere engañar el gobierno de la república?... ¿A los mexicanos que tenemos los testimonios cotidianos de lo que sucede?.

“En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, dijo el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein para referirse a la reacción negativa e incongruente de los funcionarios encargados de velar por que se garantice al derecho a no ser objeto de violencia al que tenemos todos los mexicanos, principalmente la gente vulnerable que no tiene a su alcance los medios para ser escuchada.

Es una realidad que los funcionarios públicos y sus familias viven en una burbuja de cristal, protegidos por guaruras y aparatos de seguridad y en esa zona de confort cierran los ojos a la realidad circundante.

Intolerancia gubernamental ante las críticas es la principal característica del autoritarismo.

El doble discurso gubernamental es parte de nuestra esencia. Por una parte trata de mostrar apertura y por otra se cierra a las críticas que se salen de control.

En los noticieros los funcionarios del Gobierno Federal han difundido, -respecto de las conclusiones del Alto Comisionado de la ONU, Reid Ra’ad Al Hussein-, sólo algunas declaraciones amables y diplomáticas y han evitado que se dé a conocer el fuerte cuestionamiento a la opacidad y la indiferencia gubernamental ante los abusos, que concluyen en impunidad. De esto se ha quejado este importante funcionario de la ONU.

¿Por qué en lugar de invertir esfuerzo, recursos y tiempo valioso y caro para rechazar las evidencias de quienes hoy levantan la voz y critican, el gobierno no propone una estrategia para combatir este círculo vicioso y así cambiar esta lastimosa realidad.

De que en México vivimos una crisis de derechos humanos es una realidad. Sin embargo, de que no es un problema de hoy ni culpa de este gobierno, también es muy cierto.

La cultura del abuso viene desde que México se fundó como nación hace casi quinientos años. La estructura de la sociedad mexicana se sustenta en el autoritarismo y la intolerancia. Quien tiene poder lo utiliza para sojuzgar a quienes le rodean y tomar ventaja y beneficios.

Sin embargo, eso no justifica la impunidad actual. Debemos exigir a este gobierno que reconozca esta realidad y tome la iniciativa de combatirla a fondo.

¿Cuánto tiempo pretende el gobierno seguir negando lo evidente?.

Entre más niegue la existencia de abusos, tortura y falta de respeto a los derechos humanos, más se confirma que la solapa y que por omisión se vuelve cómplice.

Sin embargo, no sólo es culpa del Poder Ejecutivo de este país, -o sea quienes forman parte de la estructura gubernamental operativa-, sino que el Poder Legislativo tampoco le ha entrado a la solución de este problema con decisión y compromiso, cerrando espacios y cortando oportunidades para que se consuma el abuso, pues se ha conformado con ofrecer unas leyes utópicas que carecen de lo fundamental, que es poner candados y sistemas de control para garantizar que en este tema tan delicado y sensible la ley llegue a sus últimas consecuencias contra los abusadores.

Y el tercero de los Poderes de la Unión, -el Poder Judicial-, quien es el directamente involucrado en este tema, vemos que ha permanecido mudo, esquivando así su responsabilidad, pretendiendo vender a la ciudadanía los juicios orales como  la solución a todos los problemas de justicia de este país, que está perdido en el burocratismo y la corrupción.

Sería un gran avance para este país que el presidente de la república decidiese tomar directamente el liderazgo de este tema, se comprometa a combatir esta impunidad y con mano de hierro castigase a violadores de derechos humanos.