El caso de Lorena y la impunidad de nuestra justicia

Justicia "a modo" para solucionar problemas de altísimo impacto político y mediático parece ser el caso de la detención y encarcelamiento de Lorena González Hernández, quien fuera subinspectora de la SSPF, bajo el supuesto de haber participado en el secuestro de Fernando Martí en junio de 2008, montando el retén en Ciudad Universitaria para detener el automóvil en que viajaba el hijo del empresario Alejandro Martí.

Hoy se sabe que los verdaderos culpables están en la cárcel, -e incluso están confesos-, incluyendo a "La güera", María Elena Ontiveros, quien aceptó ser quien detuvo el automóvil y reconoció que no había sido Lorena, sino ella.

Cuando detuvieron a Abel Silva Petriciolet, -líder de la banda Los Petriciolet-, éste confesó haber realizado el secuestro y no conocer ni a Lorena ni al "Apá", a quien originalmente la PGJDF había considerado líder de la banda de La Flor, a la cual se le adjudicó inicialmente el secuestro.

¿Por qué mantuvieron a esta mujer en la cárcel desde  esa fecha y hasta ahora, aún sabiendo que era inocente y teniendo presos a los culpables?.

Ésto habla de irresponsabilidad y falta de respeto a los más elementales derechos humanos.

Fabricar culpables "a modo" es una constante en nuestro sistema de impartición de justicia, seguramente torturando, -o por lo menos manipulando-, a testigos para que señalen a quien las autoridades pretenden castigar, quien pudiera ser inocente.

El procurador de justicia en el Distrito Federal, -cuando sucedió el secuestro de Fernando Martí y la investigación-, fue el hoy jefe de gobierno de esta ciudad Miguel Ángel Mancera y por tanto, nos debe a los ciudadanos una explicación de su proceder ante esta aberración jurídica.

Recordemos que en su momento este secuestro se convirtió en una noticia tan importante que escaló a todos los niveles, -tanto del Gobierno del Distrito Federal-, como del Gobierno Federal y es imposible que no haya estado en su conocimiento todo lo que sucedía durante la investigación.

Sin embargo, la noticia de la liberación de Lorena no ha sido mas que un contenido adicional en los noticieros. Es un dato informativo como tantos otros que la sociedad deja pasar desapercibido porque no reflexiona en el significado de lo que le están informando.

Estar encarcelado injustamente significa para una persona, -aunque sea liberada posteriormente por falta de pruebas, como sucedió a Lorena-, perder su honorabilidad, lo cual repercute negativamente en las oportunidades laborales.

Por haber estado en la cárcel, el ciudadano común considera manchada a una persona suponiendo que durante su cautiverio pudo haber adquirido malos hábitos o "mañas".

También significa pérdida de un tiempo irrecuperable en la única oportunidad que tenemos de vivir, así como un alto impacto económico, -por el dinero no ganado mientras se está en prisión-, más la inversión erogada por la familia del inculpado en abogados para intentar liberar a esta persona.

Por último, hay un fuerte impacto emocional provocado por esta traumática experiencia. La vida seguramente ya no vuelve a ser igual que antes.

¿Quién repone esto?.

Es muy preocupante no tener garantizada la "calidad moral" de todos los que participan en la impartición de justicia en nuestro país. No hay ningún filtro para asegurar que quien tiene en sus manos el poder de decidir sobre la libertad de un ciudadano, no responda a sus personales ambiciones, a consignas políticas o simplemente actúe irresponsablemente o con desidia.

Mientras no se estipule en la ley que quien falsee información intencionalmente, -que signifique cárcel para un inocente-, tendrá que cumplir la condena que provocó su irresponsabilidad, nuestros funcionarios seguirán jugando con la vida ajena para solucionar sus problemas frente a la opinión pública.

La falsificación de pruebas debe ser castigada con mucho rigor y con pena de cárcel.

El problema de la impartición de justicia en México está derivado de la ausencia de valores morales y éticos.

De nada servirán los juicios orales y toda la reforma penal, -que se orienta hacia la operación y procedimientos-, si no se resuelve el problema humano para garantizar que las decisiones de los impartidores de justicia hagan honor al objetivo final: garantizar justicia.