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Los jóvenes y la vulnerabilidad social ¿Dos caras de una misma moneda?

09/08/2017
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Menos de un lustro atrás, era común leer en los diarios, en los análisis de especialistas y en los discursos oficiales, la inigualable oportunidad que tenía México de explotar su bono demográfico, es decir, la población en edad de trabajar (entre los 15 y 64 años) cuya proporción es mayor a la población dependiente (niñas, niños y adultos mayores) y, de esta forma, apuntalar el crecimiento económico del país, al tiempo que se reafirmarían las oportunidades para el desarrollo de los jóvenes.

Ni una, ni la otra.

El panorama al que se enfrenta la población joven de México -de acuerdo al Instituto Mexicano de la Juventud, grupo etario que comprende de los 12 a los 29 años y que se estima en alrededor del 26% del total del total de mexicanos (INEGI, 2015)- es aciago. Aunado al entorno de violencia e inseguridad generalizado que se experimenta a lo largo y ancho del territorio nacional, y a la incertidumbre económica del país, los jóvenes se enfrentan a diversas situaciones de vulnerabilidad que condicionan su pleno desarrollo y su potencial como agentes de cambio.

La Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) de 2010 estableció a los jóvenes como uno de los grupos en situación de vulnerabilidad considerados en su muestra, señalando que no existe ninguna Ley a nivel federal que proteja sus derechos de manera explícita a pesar de que, de forma sistemática, constante y a lo largo de la historia, han sufrido de discriminación y desigualdades fundamentales en cuanto a acceso a derechos y oportunidades para su desarrollo (ENADIS, 2010).

Para contextualizar lo anterior, conviene analizar la definición de vulnerabilidad y a partir de ello, sus implicaciones en los jóvenes.

La vulnerabilidad se suele definir en relación a alguna amenaza, pudiendo ser de origen físico (por ejemplo, algún fenómeno natural como inundaciones, sequías o terremotos) o antropogénico (contaminación, guerras o hambrunas) que afecta a una determinada unidad de análisis (un individuo o un grupo social), la cual se define vulnerable ante una amenaza o como vulnerable a estar en una situación de pérdida (de ingresos, recursos, salud), siendo esta segunda acepción la que se acerca más al ámbito de la vulnerabilidad social considerando que se incluyen dimensiones que no se limitan a necesidades básicas, sino a otros elementos como la ciudadanía, los derechos políticos y sociales, o la pertenencia territorial (Ruíz Rivera, 2012).

En otras palabras, la vulnerabilidad es una condición multidimensional pues, a pesar de que se asocia en primera instancia a la pérdida o privación de necesidades básicas, implica también la afectación de un conjunto más amplio de aspectos de la vida social, materiales, ambientales, etc. (Ruíz Rivera, 2012) que limitan o condicionan su pleno desarrollo. Así, podemos comprender que, a nivel global, pero específicamente en el contexto actual de la República mexicana, los jóvenes son un grupo en situación de vulnerabilidad. Para dimensionar esto, se retoman algunos datos:

  • 61.1% de los jóvenes laboran en condiciones de informalidad, en tanto que el 69.9% entre los jóvenes ocupados tienen educación básica (secundaria o primaria) (Encuesta Nacional de ocupación y Empleo –ENOE-, 2014).
  • 37.3% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no asisten a la escuela. Este porcentaje se eleva al 74.5% en el grupo etario de 20 a 24 años (INEGI, 2015), mientras que, de cada 100 niños que entran a la primaria, 76 ingresan a la secundaria, 48 al bachillerato y solo 21 a la universidad (
  • 25% de los mexicanos entre 15 y 29 años de edad no estudia ni trabaja (OCDE, 2015)
  • 8.8% (2.5 millones) de los jóvenes tiene alguna dificultad para realizar al menos una de las actividades diarias básicas (Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica –ENADID-, 2014).
  • 53.8% de los jóvenes (esto es, alrededor de 21.2 millones) viven en condiciones de pobreza (UNICEF, 2013).
  • 54% de la población de 0 a 17 años carecía de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, una vivienda de calidad y con servicios básicos y alimentación (UNICEF – CONEVAL, 2016).
  • México tiene una tasa de 95.6 muertes por cada 100 mil adolescentes de 15 a 19 años de edad (FLACSO, 2015).
  • De 2013 a 2015, el promedio anual de homicidios en adolescentes fue de 1,407 (Save the Children, 2016).

Además de estas condiciones, los jóvenes del país atraviesan por diversas situaciones de discriminación. El 35.4% de ellos considera que el principal problema para su grupo etario es la falta de oportunidades de empleo y experiencia, mientras que el 32.7% de quienes se encuentran buscando trabajo y han sido rechazados, consideró que no fueron aceptados por su apariencia. Ambas situaciones son alarmantes si se estima que el 41.8% de los jóvenes que dejaron de estudiar lo hicieron porque tenían que trabajar (ENADIS, 2010).

En este contexto no es de sorprender que los jóvenes mexicanos, en general (casi el 90% del total), no estén interesados en la política, en un buen porcentaje (alrededor del 40%), por la desconfianza que sienten hacia los políticos y las autoridades (Encuesta de Valores de la Juventud, 2012) y que también se refleja en que el 50% de los jóvenes está de acuerdo con la idea de que la sociedad no los ayuda porque no conoce sus problemas (ENADIS, 2010).

Estas cifras evidencian en gran medida por qué el bono demográfico de México se desaprovechó: no basta tener a la población en edad de trabajar, sino que hay que construir las condiciones para que puedan conseguir su inserción y desarrollo en sociedad. Y, por otra parte, son reflejo de un país que, lejos de brindar las oportunidades para que los jóvenes consigan sus metas personales, académicas y laborales, los limita e inhibe de los procesos de participación, orillándolos hacia conductas que lesionan el tejido social.

En investigaciones de campo realizadas entre jóvenes de Cuautla, Morelos, y de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac en la Ciudad de México, se pone de manifiesto que la vulnerabilidad social (en este caso, identificada a partir del contexto familiar, educativo, socioeconómico, y de percepciones en torno al género, la participación comunitaria y la inseguridad/violencia), se asocia con problemáticas como el embarazo adolescente (CIS – Inmujeres, 2016) y con la delincuencia y discriminación (CIS – Indesol, 2015 y CIS – Indesol, 2016) pues los jóvenes son víctimas de dichas situaciones que, al mismo tiempo, replican en sus diferentes espacios (escuela, vecindario y hogar).

Estas investigaciones concluyen que, para contrarrestar dichas situaciones no basta con emprender políticas verticales y descontextualizadas de los entornos propios de los jóvenes. Desarrollar el sentido de comunidad, brindar espacios para el pleno desenvolvimiento y crear oportunidades de empleos dignos y de calidad son tan solo algunas de las condiciones necesarias para que las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes aminoren y se extingan.

Un enfoque de derechos humanos, equidad de género y participación comunitaria es ideal para que los jóvenes encuentren los incentivos para promover sus necesidades e intereses, empoderándose y teniendo la oportunidad de ser agentes de cambio. Las experiencias de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta del potencial que guarda la población joven de México, enlazar dicha labor con otros actores y en diferentes espacios es una labor inconclusa.

 

Néstor Mauricio Sánchez Hernández

Ciudadanía para la Integración Social A.C. (CIS)

http://cisocial.org.mx 

@CISOCIALAC @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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