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Alerta de Violencia de Género en Morelos ¿vigente?

23/06/2017
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El pasado 27 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) levantó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en siete de los ocho municipios morelenses que contaban con esta declaratoria desde agosto de 2015. Lo anterior, de acuerdo con Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno de Morelos.  

Pese a que el pronunciamiento del secretario señala que la Segob a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decidió retirar la AVG en el 80% del territorio contemplado, pues “[…] el estado tiene hoy políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres” dicha decisión no ha podido ser ubicada en los canales de información oficiales de Conavim, instancia encargada de la recepción, trámite y evaluación de las solicitudes de Alertas.

Por su parte, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), quién encabezó la solicitud de declaratoria de AVG en la entidad morelense, desmintió que dicha alerta fuera levantada. Asimismo, al analizar la Conclusión general sobre la implementación de las medidas establecidas en la declaratoria de AVGM y las propuestas contenidas en el informe del grupo de trabajo, respecto al último informe de la entidad morelense señala: “ A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el estado de Morelos, se observa que en algunas de éstas ha habido un avance suficiente para determinar un cumplimiento óptimo y en las cuales el grupo debe dar sólo acompañamiento para dar seguimiento a su implementación a largo plazo. Sin embargo, existen otras medidas en que la mayoría del grupo considera que las evidencias presentadas no son suficientes para concluir que el estado implementó las propuestas realizadas por el grupo en su informe ni en las medidas declaradas en la AVGM.”  

Al contrario, el secretario de Gobierno de Morelos señaló que el retiro de AVG en 7 demarcaciones de las 8 contempladas se debe al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al momento de declarar la Alerta. Sin embargo, el funcionario no señaló una reducción sustantiva de los hechos por los cuales se requirió incorporar estas medidas en el estado. En cuanto a Cuernavaca, la permanencia de la declaratoria se sustenta debido a la falta de entrega de sus informes.

El hecho de que esta medida sea presuntamente suspendida en un 80% de las demarcaciones contempladas bajo el argumento de que los municipios cumplieron con las medidas estipuladas sin hablar de un impacto real nos lleva a revisar las cifras de los logros de la AVG en los menos de dos años que estuvo vigente en ocho municipios del estado de Morelos.

Principalmente, considerando que, a finales de 2016, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Estado de Morelos, Norma Alicia Popoca Sotelo señalaba que ninguno de los municipios contemplados había cumplido con las recomendaciones de la Segob. En el mismo contexto la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) denunciaba en las mismas fechas que lejos de haber un descenso en los feminicidios, el número de casos había aumentado e incluso se hacía la recomendación de extender la AVG a la totalidad de la entidad morelense.

La gráfica del inicio muestra cifras sobre homicidios de mujeres, retomadas de INEGI en sus datos por defunciones por homicidios, que no cuenta con el dato para 2016 y sobre feminicidios, cifras obtenidas del monitoreo de la CIDHM. Únicamente se llevó a cabo la actualización de las cifras mostradas por el Observatorio de Violencia de Género en Morelos 2013-2015 (ACED, 2016).  

Como puede observarse, en el caso de los feminicidios, hubo un importante repunte justo en 2016, año en que la AVG estuvo vigente en la entidad. De hecho, el número de casos de este año es el más alto en el registro desde el año 2000. De acuerdo con la misma fuente, de enero a abril de 2017 ya se contaba con el registro de 26 casos más de feminicidio. Si la tendencia continúa, 2017 contará con más que 2016.

También cabe señalar que a partir de la reforma que busca la paridad de género en la entidad la cantidad de mujeres que se han incorporado a cargos de representación popular se ha incrementado. Sin embargo, esto ha traído consigo situaciones de violencia política de género. De acuerdo con la Asociación de Síndicas y Síndicos del Estado de Morelos, por lo menos 16 de 27 Sindicas se han enfrentado a este tipo de violencia. Los casos más documentados incluyen el de Ortencia Muñoz Pérez, síndica de Zacualpan de Amilpas y el de Abril Fernández Quiroz, síndica del municipio de Jojutla. En ambos casos las afectadas señalan que les obstaculizan la realización plena de sus funciones a través de no convocarlas a las reuniones.

Adicionalmente, de acuerdo con un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) realizado en 2015, las Secretarías de Salud locales recibieron un total de 266 quejas por concepto de violencia obstétrica en el país. De estas 266 quejas, de estas quejas 54 correspondieron al estado de Morelos, y 130 a Guerrero (ACED, 2016). En este tema no se ha logrado una legislación pese a su prevalencia en el estado.

Así, las cifras denotan que en cuanto a la violencia feminicida hacia las mujeres las medidas implementadas no han tenido un impacto real en el número de casos registrados. Si bien Morelos ha buscado la paridad, este esfuerzo ha traído consigo nuevos retos que enfrentar. Más allá de la declaración del secretario de gobernación de Morelos que asegura que la AVG ha sido retirada en un 80%, queda claro que aún quedan pendientes para la administración como bien señala el informe del grupo de trabajo citado y de acuerdo a la publicación elaborada por Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo AC (ACED) con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol): Observatorio de Violencia de Género en Morelos 2013- 2015 que puede consultarse en http://aced.org.mx/observatorio/

 

Laura Nayeli Pedraza Álvarez

aced.org.mx

@ACEDacMx @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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