El secuestro en México y su realidad

El secuestro se ha convertido en una industria en México, cualquier familia puede enfrentar este tipo de violencia porque la condición económica de las víctimas ya no es un factor determinante; quedando en el pasado la afectación sólo de personas acaudaladas. El secuestro actualmente, dura de 48 horas a 7 días, se prefieren varias víctimas en un corto plazo y cobrar varios rescates de menor monto, al final, las ganancias para este tipo de bandas resultan millonarias; es común que las víctimas recuperadas narren que, durante su cautiverio, lograron ver a cuatro o más víctimas por las que se estaba negociando su libertad.

Las acciones del Gobierno Federal con el objetivo de combatir y erradicar el secuestro en el país, son: Creación de 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), en 2009. Ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro (LGPSS), publicada en 2010. En 2012, las autoridades federales, en coordinación con las estatales, acordaron “diseñar soluciones a la medida”, de esta forma, las 32 entidades quedaron divididas en 5 regiones. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incluye un diagnóstico y acciones para disminuir el secuestro. La Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), creada en enero de 2014, supervisa y evalúa el trabajo de las 32 UECS.

Si bien las cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocan a México como el país con la información de incidencia delictiva más actualizada, dichas cifras son unas de las pocas medidas con las cuales se cuenta para realizar diagnósticos en materia de secuestro, es innegable que este delito presenta una tasa negra elevada, es decir, que un gran porcentaje de las víctimas o afectados no denuncian el delito por causas atribuibles a la autoridad como: desconfianza, impunidad, miedo a la extorsión, pérdida de tiempo; o por otras causas como miedo a los agresores.

El INEGI por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE) 2016, estimó que en 2015 se cometieron 64 459[1] delitos de secuestro, cifra muy superior a las 1 535 carpetas de investigación por secuestro del fuero común y federal en ese mismo año, y a sus 1 839 víctimas; dicha estimación equivale a una tasa de 53.27 delitos por cada 100 mil habitantes, superior a la tasa oficial de 1.56 víctimas del fuero federal y común en 2015. En esta encuesta se obtuvo que en 2015 el 63% de las víctimas de secuestro que no denunciaron fueron por causas atribuibles a la autoridad, entre las razones destacan la pérdida de tiempo con 33% y desconfianza en la autoridad con 16.6%.

Con los datos obtenidos de la ENVIPE 2016 se puede afirmar que en 2015 ocurrieron en promedio 176.6 delito de secuestro por día y sólo se denunció en promedio 1 de cada 60.41 delitos de este tipo, es decir, que por cada denuncia que recibieron las autoridades, hubo 59.41 casos que nunca serán investigados; si a esto se le agrega la complicidad de policías en este delito, se obtiene como resultado que las bandas de secuestradores operen con un nivel casi perfecto de impunidad. Una de las características sociales en los últimos años ante este tipo de delitos es la incertidumbre de la ciudadanía ante una justicia efectiva, pronta y expedita.

Con base en los registros del SESNSP, en 2016 se reportaron 1 865 víctimas de secuestro del fuero común y federal, resultantes de 1 547 carpetas de investigación, lo que indica, que el 17.05% de las víctimas fueron secuestradas junto con otra o más víctimas, es decir, que fueron secuestros múltiples. La región centro supera por mucho a las otras regiones en la cantidad de víctimas de secuestro del fuero común y federal con 891, cifra superior en 1 270% a las 65 víctimas de la región con menos víctimas, la noroeste. En tasas por cada 100 mil habitantes, la región noreste expuso la tasa más alta de víctimas por secuestro del fuero común y federal con 2.46 víctimas, superando a la tasa nacional (1.53) en 61.26%.

En este mismo año, el Estado de México fue la entidad con más víctimas por secuestro del fuero común (273) y con más víctimas del fuero federal (197), acumulando un total de 470 víctimas. Como se muestra en la gráfica, la tasa nacional en 2016 es de 1.53 víctimas de secuestro común y federal, 25 entidades están por debajo y 7 la superan; de estas últimas, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Zacatecas y Morelos la superan en 370.59, 184.97, 158.82, 126.14 y 105.23%, respectivamente. A excepción de Zacatecas las otras cuatro entidades se han mantenido dentro de los primeros cuatro lugares con tasas más altas en el periodo 1997 – 2016. Baja California Sur fue la única entidad que no presento ningún tipo de secuestro.

Cárdenas, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz fueron, en 2016, los municipios que encabezan el ranking con más carpetas de investigación por secuestro del fuero común con 28 cada uno. En tasas por cada 100 mil habitantes, los cuatro municipios que lideran el ranking pertenecen a dos entidades, Cárdenas y Cunduacán a Tabasco y Minatitlán y Coatzacoalcos a Veracruz; los municipios de la primera entidad superan la tasa nacional (0.92 para el fuero común) en 1 040% y 1 024%, correspondientemente; mientras que los municipios de la segunda entidad superan la tasa nacional en 953% y 823%, respectivamente.

Mientras las autoridades alardean una reducción en este delito en 2016, debido a la disminución de víctimas totales de 1.48% respecto a 2015 y una reducción en tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes de 1.92%; lo cierto es que su combate es deficiente y en la gran mayoría de los casos, las víctimas prefieren evitar la denuncia, en gran parte, porque han comprendido la lógica del secuestrador - pagos inferiores, daños menores- por lo que la familia del secuestrado al ver un daño patrimonial menor y recuperar a la víctima, prefieren no denunciar ante el temor al cumplimiento de las amenazas.

Aunado a que las víctimas son manejadas con indiferencia, maltrato, abuso de autoridad e intimidación, lo que facilita la impunidad de las bandas de secuestradores y ha fortalecido en los ciudadanos el hábito a no denunciar pues, es la propia autoridad la que revictimiza a quienes enfrentan una crisis de secuestro. Pero siempre debemos tener presente que la denuncia ciudadana es y será el principal elemento para que las autoridades puedan realizar sus labores de seguridad e investigación del crimen, por lo que la falta de denuncias brinda información errónea o sesgada para disminuir los índices delictivos.

Actualmente se han implementado estrategias para una mejora continua en las investigaciones regionales, mediante la creación de “Mesas de Coordinación” en cada una de las 5 regiones, en las que se comparte información de casos donde coincide el modus operandi o donde participan los mismos delincuentes; encontrando que si los estados se comunican entre sí los resultados son más certeros. Debemos reconocer que se han tenido casos de éxito que no han tenido una correcta difusión, lo cual sentaría las bases para recuperar la confianza en la ciudadanía y como advertencia a los delincuentes; pero es innegable que aún falta mucho para eficientizar y maximizar las acciones implementadas.

Referencias:

- Consejo para a ley y los derechos humanos, A.C. (2015). “Secuestros por Año”. Obtenido de http://www.mexicodenuncia.org/?page_id=103

- ENVIPE. (2016).  “Nivel de victimización y delincuencia. Delitos graves por tipo de delito y tipo de medición, según hogares y personas víctimas de los mismos, 2015”. INEGI. Obtenido de www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/

- ONC. (2014). “Análisis integral del secuestro en México, como entender la problemática”. Obtenido de http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/Secuestro2014.pdf

- SESNSP (2016). “Incidencia delictiva al 20 de mayo de 2017”. SEGOB. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php

- Vicenteño, D. (05/02/14).”Fracasan las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro” Excélsior  Obtenido de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/05/942103

[1] Intervalo de confianza: (49 341; 79 577). Margen de error: +- 23%. Coeficiente de variación: 14%. Error estándar: 9 191.

Juan José Rodríguez Chávez

Coordinador de incidencia delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano

@JuanJoGiSa @ObsNalCiudadano