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A fuerza, ni los zapatos entran

19/05/2017
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¿Quién no ha escuchado o aplicado esta frase? No importa el tipo de régimen político existente en la sociedad, la voluntad, la necesidad, los gustos personales serán factores que nos incentiven a actuar.

En diversas publicaciones, se ha enfatizado que la alineación de incentivos es clave para obtener resultados en materia de seguridad pública[1]. También se ha discutido sobre la disyuntiva entre libertades civiles y medidas de mano dura en un contexto adverso de delincuencia e inseguridad[2]. Otro tema que se ha abordado es el funcionamiento del crimen organizado a través de redes[3].

Estas discusiones están más vigentes que nunca a la luz de los recientes acontecimientos en diversas partes del territorio. Ya sea por noticias relacionadas con el robo de hidrocarburos en Puebla, la detención del ex fiscal de Nayarit en Estados Unidos acusado de participar en el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas, la captura de Dámaso López alias “El Licenciado” del cartel de Sinaloa en la Ciudad de México, entre otras noticias. Aunado a lo anterior se suman los hallazgos del reporte mensual del Observatorio Nacional Ciudadano presentado en conferencia de prensa el 2 de mayo de 2017[4].

El tiempo transcurre y las estadísticas denotan un franco proceso de deterioro. ¿Qué factores mantienen el estatus actual? ¿Qué está fallando? ¿Por qué no hemos logrado detener esta ola de violencia?  Por un momento, centremos la atención en aquellos patrones directamente atribuibles a la delincuencia organizada de mediana y gran escala.

Las fuerzas federales se siguen jactando de la detención de grandes capos, que no son en lo absoluto los nodos claves de las redes del narcotráfico. En un artículo previo se describió que estas organizaciones funcionan como una red distribuida, “donde los nodos de gran grado (que tienen una conectividad mayor entre los miembros) como los nodos periféricos, juegan un rol determinante para su operación[5].”

En un texto claro y conciso, Tom Wainwright[6] sintetiza la importancia de los incentivos en las estrategias del estado para el combate del crimen organizado. ¿De qué sirve capturar al gran capo si sus vínculos son muy pocos para no ser capturado y para que en caso de su desaparición el grupo siga funcionando? ¿Qué efecto tiene la quema de sembradíos de amapola o marihuana si el impacto es casi nulo en el precio del mercado del producto, por ende, en su consumo y sus beneficios?

Desde la perspectiva económica, las organizaciones criminales se comportan simultáneamente como estados primitivos y como empresas[7]. De esta forma, la determinación de recomendaciones de política no es tan simple pues requiere entender que las organizaciones en comento definen derechos de propiedad que posibilitan las transacciones, pero a la vez generan ingresos a través de la producción de bienes y servicios lícitos o ilícitos.

Sin duda, esta distinción requeriría analizar qué organizaciones se comportan más como estados primitivos o cuáles se parecen más a empresas. Si asumimos que las organizaciones criminales en México tienden a comportarse más como empresas debemos entonces centrarnos en los incentivos. ¿Por qué pensar que sus incentivos pueden ser tan distintos a una institución legal? La maximización de sus beneficios es el objetivo principal de las organizaciones sin descuidar por supuesto el control territorial.

Entre las múltiples actividades generadoras de ingreso realizadas por organizaciones criminales encontramos el trasiego de drogas, el tráfico de personas, el contrabando, el comercio ilegal de armas, o incluso la venta de productos lícitos. Cada una de estas actividades productivas responde a demandas específicas que resultan en estructuras de mercado competitivas, monopolísticas u oligopolísticas. La participación de las organizaciones criminales en estos mercados depende de los beneficios extraordinarios que se puedan obtener. Cuando las rentas de un mercado son atractivas es lógico esperar que las fuerzas competitivas actúen con la posibilidad de que haya brotes de violencia.

Al igual que ocurre en los mercados ordinarios, las organizaciones criminales pueden elegir estrategias anticompetitivas y prácticas colusivas para incrementar sus ganancias o eliminar a sus competidores mediante acciones al margen de la ley. Esta particularidad fomenta que las organizaciones criminales “inviertan” recursos para ejercer violencia y corrupción. Estas inversiones serían equivalentes a la investigación y desarrollo frecuentemente vista en el ámbito privado legal.

A falta de legalidad, los contratos informales tendrán que hacerse valer por otros medios que no sean los jurídicos. Esto no quiere decir que no existan acuerdos ni formas de competencia entre las distintas organizaciones. Pero el costo social que esto conlleva para alinear los incentivos es más dañina que cualquier otro giro. Si no hay una autoridad legal efectiva, donde las penas sean reguladas y sistematizadas con un sistema penal establecido, ¿cómo se cercioran estas organizaciones en que los acuerdos que se hagan se van a cumplir?

En la teoría económica hay dos factores claves para la cooperación entre empresas: la detección y el castigo. Si dos entes económicos no tienen manera de descubrir que sus acuerdos se han hecho valer o no, entonces no hay incentivos para dicha cooperación. En tanto que si hay manera de verificar los hechos, pero no hay manera de sancionar una falta de compromiso entre las partes, tampoco se concretará una cooperación.

Entonces, tenemos instituciones ilegales que muy probablemente hicieron acuerdos para aumentar sus beneficios. Al romperse dicho equilibrio mediante la intervención pública o algún otro factor exógeno, las fuerzas competitivas y la propia dinámica delictiva generaron periodos de violencia con patrones temporales y geográficos variados. ¿Cuál es el resultado ante la mínima evidencia de que no hayan cumplido con los pactos o que estos carezcan de validez dadas las condiciones actuales? … Violencia. Tropelías, actos llenos de furia, cólera, brutalidad y transgresión que emanan mensajes de empoderamiento. Advertencias a quienes no obedecen, signos de posicionamiento para quienes pudieran cuestionarse la veracidad de dichos contratos informales.

Y mientras ahí esté el negocio y no haya oportunidades de trabajo o de ingreso digno, no habrá solución. La variedad de negocios ejercidos por las organizaciones criminales no se limita ya a las drogas u otras mercancías ilícitas. Se han expandido a ramas de la economía legal como el combustible. ¿Qué haremos ahora? ¿Prohibir los automóviles? No debemos olvidar que la prohibición no genera mas que mercados negros. Los impedimentos aumentan el costo que se transfiere negativamente al bienestar social. La inhibición no erradica necesidades, voluntades, ni preferencias.

Entonces, ¿cómo deberíamos cambiar la respuesta estatal ante este problema? El enfoque coercitivo o de mano dura ya no es suficiente. De hecho, está generando efectos adversos como violaciones a derechos humanos. Más allá de ideologías, la respuesta raya en lo irracional. Lo racional sería complementar esta respuesta con otras políticas que quizás no tengan efectos inmediatos como una primera plana en los diarios de circulación nacional tras una captura de un líder criminal, pero que tengan efectos duraderos.

¿Y si en vez de gastar millones en tácticas que claramente no funcionan, invertimos en educación? ¿Y si resguardamos el honor de nuestras instituciones y regresamos al Ejército a sus cuarteles? ¿Y si evaluamos los sueldos de los servidores públicos tanto en nivel como en mecanismo? ¿Y si generamos mejor información para generar políticas de seguridad basados en evidencia? ¿Y si les damos opciones a los jóvenes para trabajar y superarse? ¿Y si dejamos de crear leyendas en los líderes de bandas criminales? ¿Y si nos preguntamos por qué en vez de quiénes?

Porque así como que a fuerza, ni los zapatos entran.

 

Grisel Ayllón @GriAyllon

Profesora investigadora del ITESM

 

Manuel Véle @VelezManuel @ObsNalCiudadano

Coordinador de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano

 

[1] http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/03/16/centralizando-poder-alineando-incentivos

[2] http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/05/23/estado-mexicano-estado-de-excepcion

[3] http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/06/15/seguimos-mirando-las-estrellas

[4] http://onc.org.mx/2017/05/02/reporte-sobre-delitos-de-alto-impacto-marzo-2017/

[5] Op. cit.

[6] Wainwright, Tom. Narconomics: cómo administrar un cartel de la droga. Penguin Random House, 2016

[7] http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/04/29/grupos-de-crimen-organizado-empresas-o-estados

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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