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Atender y entender la inseguridad y violencia de forma distinta

17/05/2017
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Al concluir el primer trimestre del 2017, las evidencias cuantitativas y cualitativas indican que las condiciones de seguridad del país siguen por la senda de la descomposición.  Y mientras esto sucede la capacidad de respuesta del Estado parece anulada, la posibilidad de imaginar y crear propuestas de intervención distintas a las ya aplicadas no son visibles en el horizonte inmediato. Reducir las importantes inversiones de los controles sociales para emplearlas en las causas del fenómeno y establecer mayores espacios de participación al conocimiento local, pueden ser nuevos elementos para renovar la forma de atender y entender la seguridad.

El primer trimestre de 2017 mostró nuevamente estadísticas delictivas preocupantes. De acuerdo a los registros publicados por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el trimestre enero-marzo 2017 los delitos de alto impacto como robo con violencia, robo de vehículo y robo a negocio presentaron aumentos en relación al último trimestre de 2016.

En cuanto al delito con el cual se establecen los avances y retrocesos de la política de seguridad, el homicidio doloso, tuvo un incremento en el primer trimestre 2017 de 3.31% con respecto al último del 2016. Sin embargo, este incremento no es excepcional, pues desde hace dos años el delito registra un crecimiento sostenido, por ejemplo, de 2014 a 2015 las averiguaciones previas o carpetas de investigación crecieron en 8.8%, mientras que de 2015 y 2016 también se presentó una variación al alza a razón de 22.3%.

Por su parte, en las expresiones cualitativas de violencia de las últimas semanas parecen más críticas de lo que habíamos visto hace algunos meses. De nuevo el homicidio de un periodista nos recordó que es una de las profesiones más peligrosas de ejercer en el país; el homicidio de un menor de edad en una carretera poblana nos evidenció que nadie está exento de la violencia letal cotidiana, y; el enfrentamiento velado de grupos de huachicoleros con el ejército da pistas de la escala de intereses que están de por medio en esta actividad delictiva.

Frente a este contexto, que nuevamente puede ser definido como crítico, la autoridad parece carente de imaginación para encontrar alternativas que logren disminuir la violencia e inseguridad. Sigue reaccionado al problema sin una propuesta que reduzca de manera efectiva los riesgos a la vida, a la libertad y al patrimonio de las personas.

En efecto, los actores gubernamentales no cuentan con un paradigma definido de seguridad que enfrente las causas de las actividades delincuenciales. De hecho, sus  acciones emblemáticas hacen pensar que, el nivel estatal y federal, se inclinan por un caduco modelo de seguridad nacional pues, por un lado, es el Estado quien define las principales acciones a emprender y, por el otro, se apela a un mayor control social como una estrategia para minimizar la posibilidad de crimen y violencia.

Como demostración de lo mencionado están los operativos de intervención federal en algunas entidades del país, en donde se incrementa el número efectivos policiacos y militares en las calles, pero con resultados de reducción del delito que no se sostienen en el tiempo. Por ejemplo, en Michoacán, Veracruz, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, luego de intervenciones por parte de la federación, los delitos bajaron, pero, en los últimos meses las principales ciudades de estas entidades nuevamente experimentan un repunte de los homicidios intencionales y otras conductas delictivas.  Este tipo de acciones reflejan que son las autoridades centrales quienes de manera unilateral definen “la” solución a los problemas de inseguridad y violencia de los espacios locales.

Sobre el control social, también se muestran sus importantes limitaciones, pues no hay elementos contundentes que nos indiquen que las medidas funcionan.  En algunas ciudades se han hecho importantes inversiones para videovigilar las calles y para renovar las leyes y normas que “regulen” el comportamiento social, sin embargo, esto no ha funcionado, pues siguen pensando que las expresiones delincuenciales y de violencia emergen de la comportamiento social o individual, con lo cual se vuelve marginal la propuesta de invertir en las causas estructurales del fenómeno delictivo. Ejemplos tangibles de la falta de resultados son las ciudades de México, Juárez y Acapulco, en donde algunos delitos violentos han presentado un crecimiento en los últimos meses.

En este escenario de paradigma de seguridad fallido, la propuesta para mejorar la efectividad es acudir al conocimiento local, a las experiencias acumuladas en los más de 10 años que hemos experimentado la cotidianidad de la violencia e inseguridad. Es posible que, si las autoridades centrales recurren  a las experiencias de los actores sociales y estatales locales, se pueda no solo contener esta nueva escalada de violencia e inseguridad, sino atender las posibles causas que están dando forma a esta nueva coyuntura delictiva.

Lo que estamos intentando indicar es la urgencia de entender que la violencia e inseguridad no va a disminuir con mayor control del Estado de las relaciones sociales, la experiencia inmediata lo ha demostrado, lo que necesitamos es someter a una profunda revisión el modelo de seguridad que queremos y al mismo tiempo dar importancia central a los actores locales para identificar las causas y soluciones de esta crisis.

 

José Ángel Fernández Hernández

Coordinador de la Red Nacional de Observatorios Locales

@DonJAngel @ObsNalciudadano

 
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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