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Desapariciones forzadas e involuntarias

21/04/2017
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En febrero de 2017, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el primer fascículo de una importante investigación sobre desapariciones forzadas e involuntarias que se ha dado a la tarea de compilar y analizar una selección de los registros oficiales y no oficiales de personas desaparecidas tanto del ámbito federal, estatal y de organismos autónomos como de organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Además, también se retomó la experiencia de Perú y Colombia en la materia para proponer acciones de mejora.

El registro del fenómeno de las desapariciones no debe ser visto simplemente como un tema de números y estadísticas. La meta de esta área de política no debería ser el de conseguir el número exacto de desapariciones. Adquirir una noción relativamente acertada de la dimensión del problema es importante, pero no es la meta última.

Tampoco lo es el de generar cualquier cantidad de registros o herramientas de búsqueda y mecanismos de difusión sin ningún grado de cohesión. El punto focal del registro son los usuarios. En este caso, los usuarios más importantes son aquellas personas que tienen a un ser querido desaparecido. Bajo esta perspectiva, del registro de las desapariciones y de los fenómenos asociados a su incidencia deberías ser el de articular a las demás áreas de política como la investigación de casos o la búsqueda de personas en vida o muerte.

El estatus que guardan los registros en México no es el óptimo. En este sentido, se observó que la respuesta del Estado en materia de registro de desapariciones ha sido lenta, improvisada y poco transparente. Desde la administración federal pasada las iniciativas para generar registros han sido consecuencia de sentencias y casos coyunturales, lo cual ha dado como resultado instrumentos que no cuentan con la información que se requiere en esta materia. Esto significa que no han derivado en una política integral basada en evidencias. Tras 10 años de altos índices delictivos y violaciones a derechos humanos, aún no hemos logrado construir un registro confiable de desaparecidos que permita identificar las causas del problema, analizar sus tendencias y definir líneas de acción claras, coherentes y evaluables. En este sentido, hay que tener en cuenta que ni siquiera mediante el RNPED se ha logrado dimensionar la incidencia de este delito en nuestro país.

Es necesario que se conceptualice el registro en un sentido amplio, es decir, que considere todas las posibles variables relacionadas con las desapariciones desde su aspecto circunstancial, la vinculación con los procesos de procuración e impartición de justicia, hasta la georreferenciación de sitios de entierro como fosas clandestinas y comunes. Cuando hablamos de registro, no debemos pensar exclusivamente en personas desaparecidas sino en toda aquella evidencia ex ante o ex post que sea de utilidad para los usuarios, esto no es algo

menor pues estamos haciendo referencia a la generación y sistematización de los datos que se requieren para localizar a una persona que ha dejado un vacío inconmensurables en su familia y círculo social cercano.

La información sobre desapariciones presenta un alto grado de dispersión, falta de claridad y carente de una estructura que mejore las búsquedas e investigación de casos. Se encontró que buena parte de los registros son de tipo circunstancial con fines de difusión y de difícil acceso. Además, que hay un uso indistinto de términos como desaparecido, extraviado, ausente, no localizado, entre otros. Cabe mencionar que en el ámbito federal el RNPED no permite identificar siquiera entre aquellas personas que desaparecieron o que están extraviadas. Es preocupante esta falta de transparencia y claridad en torno al propio reconocimiento de las desapariciones forzadas e involuntarias desde la propia conformación de los registros, lo cual permite adelantar de antemano una serie de obstáculos para que efectivamente se le pueda dar acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas.

Sin embargo, estas no fueron las únicas inconsistencias o irregularidades que evidencian la falta de certezas en torno a la información de personas desaparecidas. En el ámbito estatal se halló la falta de validación de las cédulas de identificación pues, por ejemplo, se encontraron varios casos en los cuales la información de la ficha en cuestión no correspondía con la fotografía publicada. ¿Cómo se puede avanzar en la búsqueda y localización de una persona si las instituciones gubernamentales no publican datos validados y verificados en los registros de difusión? Aunado a ello, a partir del ejercicio analítico de observación y de las declaraciones de distintas asociaciones o colectivos de familiares, se aprecia que los registros estatales oficiales coexisten casos de personas que permanecen desaparecidas con aquellas que ya fueron localizadas con o sin vida. Esto permite suponer que las bases de datos en cuestión se encuentran desatendidas por las instancias correspondientes y, por ende, el cuestionamiento alrededor del interés y dedicación a las búsquedas e investigaciones de las desapariciones forzadas e involuntarias.

Esta respuesta no se limita al ámbito de la difusión. Por otro lado, si examinamos los datos relativos al funcionamiento del sistema de justicia encontramos que la conducta de desaparición rara vez se persigue y sanciona de manera efectiva. Los datos muestran, sin duda alguna, una respuesta muy poco vigorosa por parte del Estado mexicano en lo tocante a la procuración e impartición de justicia. Las evidencias de sanción reflejan que en materia de desapariciones forzadas la impunidad es regla. Por ejemplo, entre 2014 y 2015 no hubo ningún sentenciado en primaria instancia del fuero común de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. Además, en 2015 solo hubo 13 reclusos por este delito a nivel nacional, menos de la mitad están cumpliendo una sentencia condenatoria.

Si se considera la significativa cantidad de personas desaparecidas en conjunto con los resultados obtenidos en la administración de justicia es un hecho que las acciones emprendidas en México están muy lejos de ser eficientes y de constituir una política pública especializada que permita prevenir, controlar y resolver los casos de desapariciones forzadas e involuntarias. Después de revisar y analizar los registros existentes, esto lamentablemente no es una sorpresa y mucho menos lo es para las familias que han experimentado personalmente las debilidades institucionales en esta materia. Una prueba de ello, es que diversas asociaciones y colectivos han tratado de subsanarlas por sus propios medios y de esta forma, generar datos y protocolos que coadyuven en la búsqueda de personas e investigación de los casos.

En muchas ocasiones, la respuesta oficial de las instituciones en torno a la falta de resultados versa a la carencia de recursos que estos no son suficientes. Sin embargo, es innegable que al menos desde mediados de 2015 se les ha dotado a las instituciones de procuración de justicia de software especializado para las bases de datos AM /PM con su respectiva capacitación sin que ello esté generando un impacto en la localización de personas desaparecidas. Asimismo, resulta innegable que la ciudadanía organizada, específicamente las asociaciones y colectivos de familiares, con menos recursos pero con más ganas y voluntad ha conseguido impulsar una agenda de mejora continua en el tema la cual no se observa en el sector público.

Sentar las bases para políticas públicas en materia de desaparecidos requiere articular de manera prioritaria y urgente una plataforma de información pública centrada en las necesidades del usuario con un fuerte enfoque de rendición de cuentas. Dicha plataforma tendría que permitir el diseño de herramientas y mecanismos de difusión masiva, consultar el estatus de las investigaciones, desarrollar análisis estadístico y geográfico, entre otros fines. Un punto de partida sería acelerar la implementación de la base de datos AM/PM así como transparentar los procesos e información administrados por las instituciones correspondientes. De acuerdo con la experiencia comparada de Perú y Colombia esta tarea no es imposible pues en estos países se ha logrado construir sistemas integrales con dichas características que permiten un manejo más centralizado de la información haciendo partícipes a distintos organismos.

 

Si quieren consultar el estudio, pueden hacerlo gratuitamente en el siguiente link: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/02/fasciculo-desapariciones_digital.pdf

 

Área de investigación

Observatorio Nacional Ciudadano

@ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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