Tiempos violentos

Vivimos tiempos terriblemente violentos en la entidad que alberga a la “eterna primavera”, hoy se alberga también a la delincuencia, al secuestro y a dos de las fosas más grandes del país (Tetelcingo y Jojutla).

He escuchado decir en repetidas ocasiones que son tiempos difíciles, y vaya que lo son. No únicamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Sin embargo, lejos de sólo ocuparnos de la violencia en otros países, deberíamos por sentido común, preocuparnos de lo doméstico, lo que nos perjudica de ceca. La violencia es el tema más recurrente de nuestros días, ser violentado en diversas formas ha pasado a ser parte de una triste cotidianidad. La violencia no únicamente se engendra por la delincuencia, sino también en gran medida es abonada y tolerada por nuestras autoridades.

De los muchos problemas que habrían de abordarse dentro de los múltiples escenarios que se recrean en nuestro país, me detendré a analizar lo que sucede en el estado de Morelos, que no es la excepción si de violencia hablamos. La violencia nos alcanzó y nos tomó tan de sorpresa que inclusive nuestras autoridades se niegan a aceptarlo. Y es que más allá de la disputa política, los dimes y diretes entre Gobernador y alcaldes, Morelos se encuentra sumido en una creciente ola de violencia que pasa desde la variedad de robos a conductas tan reprobables como el secuestro o peor aún el hallazgo de fosas clandestinas.

En este último caso, es indignante no sólo el hecho de que se hayan encontrado fosas presuntamente utilizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos (y utilizo la palabra “presuntamente” pues ni la misma autoridad lo tiene claro) para depositar los cuerpos de personas no identificadas; sino que además estos cuerpos hayan sido encontrados en condiciones no propias de un protocolo forense bien implementado, ya que la gran mayoría de ellos fueron sepultados sin practicárseles necropsia de ley alguna; ambas fosas tanto la de Tetelcingo donde se encontraron un total de 117 cuerpos y más recientemente la de Jojutla que hasta el momento había sumado los restos de un total de 55 cuerpos, fueron inhumados y hallados con signos de violencia, con heridas de proyectil de arma de fuego, lesiones en diversas partes del cuerpo, extirpaciones, mutilaciones e incluso cuerpos maniatados y con vestimenta; tal y como si se tratará de una fosa clandestina utilizada por el crimen organizado y no por una autoridad estatal.

Lo que es aún más reprochable es el poco control y conocimiento que demostraron las autoridades con dichos descubrimientos, sin carpetas de investigación, protocolos forenses y mucho menos códigos de ética, la Fiscalía del estado de Morelos se sumerge en un laberinto de contradicciones e ilegalidades, presionados tanto por organismos de la sociedad civil, grupos académicos, familiares de las víctimas y el propio gobernador, quien poco o casi nada se ha pronunciado al respecto en comparación con lo mucho que ha puesto énfasis a su gira por China como presidente de la CONAGO y a quien se le ha visto también en los Estados Unidos protegiendo los derechos migrantes y reafirmando un sentido nacionalista en contra del famoso Trump wall.

Con todo ello la violencia es un cúmulo de malos acontecimientos que enrarecen la atmosfera de tranquilidad que el Gobernador ha querido resaltar constantemente, desde su declaración de que el secuestro había disminuido un 80% en el 2016, hasta el respaldo que ha dado a Alberto Capella elevado a Comisionado Estatal de Seguridad, quienes juntos han impulsado e impuesto el nuevo modelo de seguridad policiaca “Mando Único”, sin contar además que el ambiente político se mueve bajo arenas movedizas, los diferentes grupos de influencia política, religiosa e incluso académico, se han atrincherado bajo sus propios supuestos e intereses. El Gobernador de Morelos parece enemistado con todos y la telenovela mediática parece no tener fin, puesto que en recientes capítulos Cuauhtémoc Blanco edil de Cuernavaca, se ha visto involucrado en señalamientos directos del Secretario de Gobierno Matías Quiroz, por presuntos nexos con el crimen organizado y el reciente asesinato del organizador de la feria de Cuernavaca a quien también se señaló por nexos con el narcotráfico, y como respuesta Cuauhtémoc Blanco, ha denunciado públicamente ser víctima de una guerra sucia en su contra y de una alianza entre el Gobernador y la Fiscalía General del Estado de Morelos para vincularlo por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Pero y a todo esto ¿en qué posición se encuentra la ciudadanía?, hasta el momento la crisis política no es más que la riña de aquellos a quienes en lo político sus intereses se ven minados, no son ellos realmente los afectados, sino los miles de morelenses que viven y padecen la criminalidad cada día, a quienes los homicidios dolosos y los robos con violencia en el transporte público les quitan lo más preciado que tienen: su seguridad y bienestar. Su integridad es la omisión de un gobierno tanto en lo estatal como en lo municipal que poco hacen por interesarse en los verdaderos problemas que se padece la entidad. Los morelenses son víctimas no sólo de la delincuencia, sino también de sus gobiernos, que en poco unen sus esfuerzos para crear programas preventivos y de combate a la creciente delincuencia, no existe un fortalecimiento institucional y se rehúsa a admitir la verdad que los índices de criminalidad ofrecen. Mientras el gobierno en turno y los sucesivos no comprendan, que es su responsabilidad y obligación trabajar con y para la ciudadanía, seguiremos padeciendo las consecuencias de un gobierno falaz.

La ciudadanía hoy juega un rol decisivo entorno al establecimiento de políticas públicas, los gobiernos especialmente el de Morelos tendrían que darle cabida a la interacción social e involucrarse a ser efectivamente eficaces, no sólo en cuanto al combate a seguridad, sino también al permitir que la sociedad participe en la gobernanza que es pública y en la cual el ciudadano es en todo momento el sujeto activo de la relación estatal.

En Morelos tanto el gobierno estatal como municipal, deben dar un paso atrás al protagonismo político y sumarse al reconocimiento -primero- de que existe un verdadero problema asentado en la criminalidad, y después; atender el creciente número de homicidios dolosos que ha tenido como consecuencia directa el hallazgo de fosas clandestinas, crear un modelo preventivo y de combate a la inseguridad sin que ello signifique enemistar a los cuerpos policiacos en la entidad, continuar con estrategias para el combate al secuestro, reducir el creciente número de robos a transeúnte, negocio, casa habitación y robo a vehículo que posiciona al estado entre los primeros lugares del ranking nacional. Pero sobre todo se necesita la vinculación y apertura a que organismos de la sociedad civil trabajen con la autoridad y que éste de paso coadyuve a transparentar y facilitar el acceso libre a la información y a la verdad.

Cristina Rumbo Bonfil

Observatorio Ciudadano de Justicia y legalidad A.C.

@OBCIJU @ObsNalCiudadano