No es poco común que el tema de la impunidad, la corrupción o la inseguridad esté en boca de las familias, organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades mexicanas, incluso lo está alrededor del mundo. Estos fenómenos no son exclusivos de nuestro país, sin embargo, existen razones que así lo avalan: México obtuvo en 2016 la calificación de 30/100 en niveles de corrupción, la calificación más baja desde el 2012, posicionándolo en el lugar 123 junto con otros siete países del mundo.

Transparencia Internacional, explica que los países con menor rango están infestados de instituciones públicas con mal funcionamiento y carentes de confianza como la Policía y la Judicatura, incluso donde existen leyes anticorrupción, en la práctica, estas son evadidas o ignoradas.

Como lo afirma El País.cr, una de las peores consecuencias de la corrupción judicial consiste en los altos niveles de impunidad que existen, los cuáles son generados y amparados por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles.

El término impunidad se refiere a “la ausencia de sanción cuando alguien comente una acción contraria a las leyes de la comunidad en la que ocurren los hechos, es decir un delito que queda sin consecuencias legales, las cuáles pueden ocurrir en dos momentos: Primero, cuando el delito no es del conocimiento de las autoridades porque nadie sabe cómo ocurrió o por que la víctima decide no denunciarlo por una variedad de motivos  y segundo; cuando las autoridades sí tienen conocimiento del hecho delictivo, pero se ven imposibilitadas por diversas causas para imponer una sanción cuyos motivos de impedimento pueden ser desde la incapacidad para ubicar al responsable hasta la ineficiencia institucional para procurar justicia” .

Partiendo de estas nociones, la impunidad del “primer tipo” antes mencionada ha sido objeto de investigación por parte de distintas organizaciones, especialmente de naturaleza civil, pues se cree que el estudio de la misma permite conocer las causas principales de la cifra negra, es decir; la ausencia de la denuncia ciudadana o la “cifra oculta” de la criminalidad ya que el conocer un mayor número de delitos permite dimensionar la profundidad del alcance de los delitos en México, así como la forma en la que autoridades y ciudadanos pueden generar insumos para mejorar las condiciones de seguridad, incluso, al registrar mayor número de delitos, se podría estar hablando de mayor confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia en el país.

Los datos presentados anteriormente, son sólo una mirada superficial a los fenómenos de la corrupción, impunidad y su repercusión en la cifra negra a nivel nacional cuyo componente en juicio es la desconfianza en las autoridades.

Entender las razones por las cuales existe desconfianza por parte de la ciudadanía, han dado origen a varias vertientes de investigación, de estudio y de programas que ha tomado relevancia en la actualidad derivado de la información retomada de entidades internacionales y nacionales.

En el ámbito nacional, se han tomado estrategias de combate como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y la Fiscalía Especializada de combate a la Corrupción los cuales han sido impulsadas por el Gobierno Federal en el actual sexenio.

Por otro lado, los esfuerzos de los organismos civiles involucrados en la promoción de ciudades seguras y autoridades confiables, han incursionado en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad. Tal es el caso del Observatorio Nacional Ciudadano quien se encuentra trabajando en conjunto con Observatorios locales de seis estados: Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Morelos y Veracruz. Este tipo de trabajo resulta ser de suma importancia, pues Morelos y  Chihuahua se encuentran ente los estados menos pacíficos del país, ocupando el lugar 26 y 30 respectivamente, de acuerdo al índice de paz en México del 2016.

En cuanto a lo que a delitos se refiere, las cifras son alarmantes: según resultados de la Encuesta de Victimización y Percepción, en 2015 se estimó que la cifra negra incrementó respecto al año anterior pasando de un 92.8% en 2014 a 93.7% en 2015. En términos específicos, los delitos de extorsión (98.4%), robo o asalto en la calle o el transporte público (95.8%), robo parcial de vehículo (94.8%) y fraude (93.9%) se identificaron como los delitos con mayor cifra negra.

Por ello, es posible afirmar que la relación entre gobierno federal, estatal y municipal debe crear estrategias más profundas, aquellas que ataquen el problema de raíz, de fortalecimiento de las bases y procedimientos legales.

Para el caso particular de la región centro sur de Chihuahua, el comportamiento de la cifra negra general en los últimos años ha incrementado del 77% al 80%. Según la Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización 2015 y 2016 (EnPeSVi) los motivos principales por las cuáles la población no denuncia se debe a tres motivos principales: lo consideran pérdida de tiempo, la autoridad no hubiera hecho nada y la falta de confianza de la misma, principalmente por la actitud hostil con la que fueron atendidos las víctimas y desinterés de la misma autoridad;  estas entre otros razones más, sin duda, fortalecen la impunidad del delito (en especial el de extorsión, cuya cifra negra es la más alta: 88%).

Algunos datos de interés que vale la pena mencionar en torno a este tema, es la percepción que tiene el ciudadano respecto a las autoridades encargadas de procuración de justicia y seguridad, tales como la policía, Fiscalía, gobierno estatal y federal, así como el Ejército. Los resultados más recientes arrojados por la EnPeSVi 2016 rebelan que entre las autoridades más confiables se encuentra el ejército mexicano con una confianza de 70% en el 2015 y de 60% en  2016, el resto de los antes mencionados experimentaron reducciones mucho más drásticas entre los ciudadanos. A pesar de que estos porcentajes pueden entenderse como “aprobatorios” no es posible pensar que sea un indicador meta para el resto de las autoridades, deben mostrar un mayor esfuerzo para recuperar la confianza del ciudadano.

Es en estos tiempos de circunstancias adversas, el rol de las autoridades y la forma de procuración de la justicia debe estar fundamentada en principios de la legalidad, de manera que fortalezca el estado de derecho y formar parte activa de las iniciativa no gubernamentales que promueven generar estadísticas formales que marquen un rumbo de acción que contribuya a reducir la cifra negra y la impunidad para restablecer la confianza perdida a través del tiempo.

Sin embargo, como ciudadanos no debemos ignorar esta realidad y responsabilidad que también nos corresponde. Si bien es nuestro derecho exigir compromisos y avances en materia de seguridad a las autoridades, también es importante mostrar compromiso con la parte que nos corresponde: denunciar. Estas acciones representan el esfuerzo de ambas partes que garantiza un trabajo sincronizado que permite alcanzar las metas y objetivos del Estado de Derecho.

Karla Sacramento Montes Valles

Departamento de investigación FICOSEC Delicias

@FICOSECdelicias @ObsNalCiudadano

Transparency International. Índice de percepción de corrupción

Vania Pérez. ¿Por qué es importante entender la cifra negra?

El Financiero.

Ínstitute for economics and peace. Índice de paz México, 2016.

Observatorio Nacional Ciudadano. Incidencia de los delitos de alto impacto. 2015

Miguel Carbonell. El rol de las fuerzas armadas

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