¿La justicia en manos de quién?

En los últimos meses hemos sido testigos de los mal llamados “justicieros” que surgen ante la tentativa o comisión de un delito y aplican lo que se conoce como justicia por propia mano. Actualmente, este fenómeno se ha visibilizado actualmente en mayor medida por las redes sociales y al fácil acceso a la información, aunque esto no quiere decir que sea exclusivo de este momento, es decir, ha sucedido desde hace mucho tiempo.

Según lo marca el Artículo 17ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”¹ Esto significa que recae en el Estado brindar seguridad y justicia a víctimas del delito. Al aceptar estas prácticas de “justicieros”, aceptamos también que cualquiera puede ejercer violencia contra otra persona que en el corto plazo únicamente causará un incremento en los índices de inseguridad y violencia, llevando al Estado a un total descontrol y falta de legitimidad.

Esto a su vez provoca el debilitamiento de la democracia al fomentar el rompimiento del pacto social, el cual, le confiere al Estado el monopolio de la fuerza pública con el fin de garantizar el bienestar y la paz social, dando oportunidad para que cualquier persona tome las atribuciones que no le corresponden y ante un robo, le quite la vida a una persona la cual debió pasar por un debido proceso para llegar a una sanción.

Pero, ¿qué hay detrás de estas personas que buscan la justicia por cuenta propia? Podríamos decir que se trata de fondo de una buena intención de querer proteger a la comunidad, sin embargo es la consecuencia del rompimiento de un Estado de Derecho y la ausencia de una cultura de la legalidad en la población lo que permite aceptar, normalizar y hasta defender esta terrible práctica.

Aunado a esta ruptura del Estado de Derecho, se encuentra una impunidad latente e imperante. Esta impunidad está ligada a la falta de protección a los derechos humanos; la incapacidad de nuestras autoridades en materia de seguridad y su falta de reaccionar ante un hecho ilícito y su habilidad para prevenirlo; así como el acceso a la justicia que, como lo marca la ley, debiera ser pronta y expedita.

Solo para poner en contexto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, en la Ciudad de México, de cada 100 delitos, únicamente 6 llegan a abrir una carpeta de investigación.² De estos, el índice de eficacia del ejercicio de la acción penal es del 6.2%. Esto es, de 100 delitos menos del 1% llega a una sentencia condenatoria.³

Esta impunidad tiene como causas: la corrupción y la desigualdad, problemas estructurales y de ineficacia en el funcionamiento institucional. El abuso en el uso de la fuerza, la falta de aplicación de protocolos y las constantes violaciones a derechos humanos que se convierten en la regla y no la excepción, hacen que sigamos percibiendo desconfianza en las autoridades.

Puedo entender el enojo e impotencia ante servidores públicos ineficientes y corruptos en un país donde existe una aplicación de la ley parcial e insuficiente, lo cual a su vez propicia que los niveles de inseguridad incrementen. ¿La solución? Un Estado de Derecho sólido con instituciones confiables, transparentes y regidas por una cultura de la legalidad en su vida diaria; además de ciudadanos que promuevan activamente la cultura de la legalidad y estén convencidos de que el Estado de Derecho es la mejor forma de mejorar la calidad de vida de un país.

¿De quién depende? De todos nosotros, ciudadanía y gobierno que buscamos una vida digna, con el respeto a los derechos humanos y convencidos de que un cambio no solo es deseable, sino que es posible.⁴

Ejemplos de casos de éxito en la reducción de la delincuencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho hay muchos. Tal es el caso de Palermo, en Italia donde se logró disminuir la criminalidad y la violencia que se manifestaba en la región debido a la intromisión de la mafia Siciliana. Gracias al apoyo de Leoluca Orlando y la participación de la sociedad en impulsar una cultura de la legalidad, se logró transformar la realidad en Palermo.⁵

En estos momentos nos debe quedar claro más que nunca que está en nosotros conocer y respetar la ley, no participar en actos de corrupción, ni sobornos. Exigir un mejor trabajo a nuestras autoridades encargadas de brindar seguridad y justicia. Alzar la voz al ser testigos de una conducta ilícita. Educar con el ejemplo e impulsar una cultura de la legalidad porque estamos conscientes de que es y será la mejor forma de vivir en sociedad.

Y cuando escuches o veas mensajes que te dicen que empieces por ti, recuerda que estas acciones no solo son una opción, sino una obligación para tener un país mínimamente aceptable. Porque un mejor México espera de nosotros y porque, así como sucedió en Palermo, juntos podemos lograr un mejor país.

Luz Marcela Villalobos Andrade

Directora General del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

@OCMXsegura @ObsNalCiudadano @MarceVillalobs